Honduras está entre países donde precios de alimentos tendrá un efecto particularmente grande de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo internacional rebajó las previsiones de crecimiento de 143 países por los efectos de la invasión rusa de Ucrania, lo que supone un impacto sobre el 86% del producto interior bruto (PIB) mundial, según adelantó ayer la directora del Fondo, Kristalina Georgieva.
En un discurso previo al inicio de la asamblea anual de primavera que el organismo celebrará junto al Banco Mundial la próxima semana, Georgieva alertó que el futuro de la economía es “extraordinariamente incierto” por la guerra, las sanciones y la COVID-19.
Pese a la caída de las previsiones, la directora gerente del ente financiero internacional aseguró que la mayoría de países seguirán en territorio positivo.
El FMI publicará el próximo martes, en el marco de su asamblea, las proyecciones económicas actualizadas y detalladas por regiones y países para 2022, 2023 y 2024.
“Estamos viviendo una crisis encima de otra”, apuntó Georgieva, en referencia al estallido de la guerra cuando el mundo todavía no había salido de la pandemia de COVID-19.
Además de estos dos factores, la economista también citó el “peligro” de la elevadísima inflación -muy alta en los países desarrollados, pero todavía más en algunos en vías de desarrollo- y la creciente fragmentación de las economías del mundo en dos bloques geopolíticos: las democracias y los regímenes autoritarios.
Las últimas estimaciones del Fondo prevén que la inflación siga disparada durante más tiempo del anteriormente previsto, y alertó que existe un riesgo creciente de que las expectativas de inflación por parte del mercado se vuelvan en una profecía autocumplida y más difícil de controlar.
El FMI también señaló una serie de países en los que la subida de precios en los alimentos tendrá un efecto particularmente grande, entre ellos Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Encarar la inflación
Otra tarea de igual importancia para la seguridad económica es la de encarar la inflación. La inflación representa una amenaza para la estabilidad financiera y un impuesto para el ciudadano de a pie que lucha por llegar a fin de mes. En muchos países se ha transformado en un apremiante motivo de preocupación y existe un riesgo creciente de que las expectativas inflacionarias se desanclen, con lo cual la inflación podría arraigarse y ser más difícil de controlar.
Ante este reto, los bancos centrales deberían actuar decisivamente, tomándole constantemente el pulso a la economía y ajustando las políticas en consecuencia. Y, por supuesto, comunicándolas con claridad.
Las economías emergentes y en desarrollo enfrentan también el riesgo de posibles efectos derivados del endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas, manifestado no solo en el aumento de los costos de la deuda, sino también en el riesgo de salidas de capital.
Para hacer frente a estos retos, los países deberían estar preparados para recurrir a todas las herramientas de las que disponen, desde la prolongación de los vencimientos de las deudas y el uso de la flexibilidad cambiaria hasta las intervenciones en los mercados de divisas y las medidas de gestión de los flujos de capital. Ayudar a los países a responder con agilidad a esas circunstancias es precisamente la razón que nos llevó hace poco a actualizar el enfoque institucional del FMI sobre este tema.
Esas herramientas que funcionan a nivel nacional tienen que ir acompañadas de iniciativas internacionales ideadas para ayudar a las economías a atravesar el ciclo de endurecimiento monetario sin sobresaltos.
Es particularmente crucial mantener el acceso a la liquidez. Los préstamos del FMI, que en este momento superan los 300,000 millones de dólares, han ayudado a los países miembros significativamente en ese sentido, y lo propio puede decirse de la asignación de DEG por USD 650,000 millones concretada el verano pasado.
Los países de bajo ingreso están utilizando hasta 40% de sus DEG en prioridades relacionadas con la COVID-19, como vacunas y otros gastos esenciales.
