Los encausados son acusados por la fiscalía por suponerlos responsables de los delitos de extorsión y porte ilegal de armas.
La juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión durante el mes anterior desarrolló siete Audiencias Preliminares, en ellas la fiscalía formalizó las acusaciones contra los implicados y por la alta probabilidad de su participación como autores en esos hechos ya que se consideran que lo hicieron con violencia, amenazas, intimidación y con el ánimo de lucro al hacer uso de cualquier medio para obligar a las víctimas a entregar su dinero en detrimento de su patrimonio.
Motivo por el cual la jueza decretó el Auto de Apertura a Juicio Oral y Público en siete casos, entre los encausados se encuentra Luis Gustavo Ayala Caballero que fue acusado por extorsión continuada y en la audiencia inicial celebrada el 4 de abril del presente año se le decretó la medida cautelar de la prisión preventiva, Sandra Nicole Carranza Reyes, que fue sometida por extorsión y con prisión preventiva desde el 7 de junio del 2021, Víctor Daniel Guevara Argueta, Elvis Josué Díaz Ramos, Sandra Carolina Claros Ramos y Jeimy Lizeth Dubón Alarcón acusados por extorsión como el principal delito, en forma separada los primeros tres acusados también deberán responder por el ilícito penal de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, a la última acusada deberá responder por tráfico de drogas.
El 11 de noviembre del 2021 se les decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Santos Julián López García y Ricardo Enrique García Castro acusados por extorsión, y a Emanuel Abidan López Rivera, sometidos por los ilícitos penales de extorsión y tráfico de drogas.
Desde el 8 de junio del 2020 se les decretó la prisión preventiva a Cristian Javier Canaca Melgar, acusados por los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
El 2 de febrero del 2021 se les decretó la prisión preventiva, a Juan Florentino Castillo, sometido por extorsión y porte ilegal de arma de uso permitido, con prisión preventiva desde el 18 de noviembre del 2020.
Los siete expedientes fueron remitidos al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión con sede en Tegucigalpa. (XM)
