Sin sentencia firme el 55% de privados de libertad: Conadeh
Más de la mitad de privados de libertad no tienen sentencia definitiva según el Conadeh.
Un 55 por ciento de la población carcelaria hondureña no tiene sentencia firme, según un informe de la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) que demanda mayor agilidad a los operadores de justicia.
“Se estima que, al 30 de abril del 2022, al menos, el 55% de las más de 20,000 personas privadas de libertad, en los 26 centros penitenciarios del país, aún no tienen una sentencia definitiva”, dice el documento.
En el caso particular de la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Tolva”, con capacidad para 1,332 privados de libertad, cuenta en la actualidad con una población que ronda los 1,985 internos, es decir, una sobrepoblación de 653 personas, añadió.
Se estima, además, que unos 1,305, que representan el 66 por ciento de los prisioneros de este centro de reclusión, están únicamente procesados. En ese orden de ideas, recordó que el Estado incurre en responsabilidad cuando violan derechos de privados de libertad
Al menos 1,074 quejas de violaciones a los derechos humanos y la precariedad que se vive al interior de los centros penales del país, fueron presentadas por los privados de libertad y sus familiares ante el Conadeh, del 2019 en adelante, revela un informe divulgado por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.
SE INCURRE EN RESPONSABILIDAD
La titular del organismo, Blanca Izaguirre, declaró que de las constantes visitas e inspecciones realizadas a los centros penales se ha constatado su deterioro, así como las reiteradas violaciones de derechos humanos a los que son sometidos los privados de libertad.
“Vemos con preocupación el reiterativo incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, en asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente de las personas privadas de libertad en el país, a pesar de que Honduras forma parte de tratados y convenios internacionales”.
Ante esa crítica situación, recordó, a las autoridades hondureñas, que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se violan los derechos humanos de los privados de libertad por lo que recomendó, garantizar la seguridad apropiada al interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes.
Además, se le garantice el derecho humano a la vida, la salud, la alimentación, al agua potable, a una comunicación con sus familiares, a la integridad personal, psíquica y moral de las personas privadas de la libertad.
También instó al Poder Judicial que realice una pronta revisión de los casos de procesados pendientes de sentencia, con el objetivo de reducir la mora judicial de la población penitenciaria a nivel nacional.
300 DENUNCIAS ESTE AÑO
El informe establece que de las 1074 quejas, al menos, 300 fueron atendidas en lo que va del 2022. Entre las vulneraciones más denunciadas está la falta de atención de salud, abusos de autoridad, torturas, hostigamiento, malos tratos a familiares, retardo en la aplicación de la justicia, hacinamiento, enfrentamientos violentos e incluso, la falta de servicios básicos.
Del total de las quejas atendidas, el 32 por ciento fueron interpuestas por los privados de libertad, durante las visitas e inspecciones realizadas por personal del Conadeh a los centros penitenciarios; un 26 por ciento por los familiares y un 42 por ciento, por otros medios habilitados por ese ente estatal.
El informe también establece que el 89 por ciento de las denuncias fueron interpuestas por hombres y el 11 por ciento por mujeres. El 55 por ciento de los privados de libertad estarían sin sentencia firme desde el año 2019, recalca.
La institución atendió 462 quejas relacionadas a la falta de la emisión de sentencia a las personas privadas de libertad, las cuales manifestaron su molestia y su preocupación ya que pasan los días y siguen a la espera que se les brinde una solución de su caso.
De las quejas atendidas por retardo en la aplicación de la justicia, el departamento de Atlántida es donde se presenta el mayor número de casos con 252 seguido por Comayagua con 41 y Olancho con 39.
En las visitas a los centros penales, el Conadeh atendió 73 quejas relacionadas con las necesidades de atención médica, ya que carecen de ellas, lo que impide dar un tratamiento o seguimiento a las diferentes enfermedades que padecen los privados de libertad.
MEDICAMENTOS ESCASOS
El suministro y atención médica ha sido muy compleja de brindar debido a la escasez de medicamentos, la falta de clínicas para la atención de emergencias dentro de los centros penales y el traslado de privados a centros de atención hospitalaria.
Privados de libertad estarían sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al menos 56 de las denuncias atendidas están relacionadas con tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia los privados de libertad.
Entre las denuncias figuran las condiciones deplorables a las que son sometidos los reclusos en las celdas de castigo donde se les deja encerrados por largo período de tiempo sin las condiciones necesarias para cumplir las sanciones impuestas, algunos peticionarios manifestaron que de manera injusta son sometidos a esos correctivos.
Los afectados también se quejaron de haber recibido un trato no adecuado por parte de las autoridades o custodios penitenciarios, como golpes, traslados de celda sin explicación y que se le privó de atender a sus familiares.
Los centros penales son escenario de constantes riñas entre privados de libertad que derivan en lesiones y muertes, un alto grado de hacinamiento y carencia de medios de rehabilitación.
En el 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la muerte de 107 privados de libertad, en la celda 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, que fallecieron en un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004.
