Por: Óscar Estrada
La saga del expresidente Juan Orlando Hernández sigue aún su curso. Aunque pareciera increíble, luego del veredicto de culpabilidad del pasado 8 de marzo, la defensa busca ahora resaltar ciertas contradicciones del juicio para, desde allí, solicitar se repita el proceso completo esperando, así, lograr mejor suerte.
La semana pasada, mientras los veraneantes disfrutaban del largo feriado de la Semana Santa, el abogado Renato Stabile, de la defensa del expresidente Hernández presentó un memorando solicitando un nuevo juicio bajo la Regla 33 de las Normas Federales de Procedimiento Penal. Esta regla 33 permite a un tribunal federal, otorgar un nuevo juicio a un acusado, después de un veredicto de culpabilidad si se determina que es necesario en el “interés de la justicia”. Esta disposición ofrece una oportunidad para corregir posibles errores judiciales o injusticias que podrían haberse producido durante el juicio original, asegurando así la integridad y la equidad del proceso penal.
Para solicitar un nuevo juicio bajo la Regla 33, el acusado o su abogado deben presentar una moción fundamentada en motivos específicos, como el descubrimiento de nueva evidencia que no estaba disponible en el momento del juicio o errores significativos en el procedimiento o en la admisión de pruebas que pudieron haber afectado el resultado del juicio.
En su memorando, la defensa de Hernández fundamenta que el testimonio de la analista de la DEA, Jennifer Taul, presentó de manera errónea el volumen de tráfico de cocaína a través de Honduras durante la presidencia de Hernández, “sugiriendo un aumento cuando, en realidad, existen evidencias de una disminución significativa”. La defensa argumenta que este testimonio incorrecto, no solo indujo a error al jurado, sino que fue enfatizado indebidamente por el gobierno en su argumentación final, potenciando su impacto en la decisión del jurado.
Sobre la jurisdicción territorial
El segundo punto del memorando aborda la jurisdicción territorial del juicio, alegando que se llevó a cabo en el Distrito Sur de Nueva York en lugar del Distrito Sur de Florida, donde Hernández fue inicialmente llevado tras su extradición de Honduras. Este error de jurisdicción, según la defensa, contraviene directamente las disposiciones establecidas en 18 USC § 3238, y marcaría otro error procesal que justificaría la concesión de un nuevo juicio.
La sección 18 USC § 3238 del Código de los Estados Unidos en el cual, la defensa de Hernández fundamenta su solicitud, se ocupa del lugar de juicio para delitos cometidos fuera de cualquier distrito judicial. Esta disposición es particularmente relevante para los casos en los que el lugar de comisión del delito no se puede determinar con precisión o cuando el delito ocurre en un lugar que no pertenece a ningún distrito judicial específico, como puede ser el caso de delitos cometidos en alta mar o en el extranjero.
La ley establece que, para cualquier delito cometido fuera de cualquier distrito judicial, el juicio se llevará a cabo en el distrito judicial donde el acusado es arrestado o, si no se produce un arresto, en el distrito judicial al cual el acusado es primero llevado. En el caso de que el delito se cometa fuera de los Estados Unidos, pero el acusado sea llevado posteriormente a un distrito judicial específico, ese distrito tendrá jurisdicción para el juicio. Adicionalmente, esta sección otorga al fiscal general o a sus designados la autoridad para determinar el distrito más conveniente para el juicio, teniendo en cuenta la eficiencia del proceso y los derechos del acusado.
En el caso de Hernández, el juicio se llevó a cabo en New York porque es en la Corte del Juez Castell donde se conoció la causa contra Víctor Hugo Morales, Alias “Rojo”, de donde se desprenden luego las causas contra “Tony” Hernández y Giovanny Fuentes Ramírez. Esta solicitud, entonces, no tendrá un resultado positivo para la defensa, pues es la Corte de NY la que solicitó la extradición de Hernández, basados en las pruebas con las que contaba y no la corte de Florida. Al no haber dos cortes solicitándolo, no habrá conflicto de jurisdicción.
Sobre el testimonio de Jennifer Taul
Más importante es evaluar el primer argumento del memorando de la defensa, que apela a la “prueba de injusticia manifiesta”, citando precedentes que establecen que un nuevo juicio es imperativo cuando existen dudas significativas sobre la justicia del veredicto anterior. Refuerza este argumento los testimonios contradictorios presentados en juicios previos, incluido el del Dr. Darío Euraque, quien testificó en el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, afirmando que hubo una reducción significativa en el narcotráfico a través de Honduras, en contraposición a las afirmaciones de la Sra. Taul.
Testimonio de Jennifer Taul en marzo de 2024 dice lo siguiente:
Stabile: …Entre 2014 y digamos 2019, ¿aumentó o disminuyó el tráfico de cocaína por Honduras?
Taul: Aumentó.
S: ¿Dices que aumentó entre 2014 y 2019?
A: Eso creo.
S: ¿Cuál es tu base para decir eso?
T: Hay estadísticas reportadas por varios organismos diferentes, tanto privados como gubernamentales, principalmente la DEA.
Testimonio de Darío Euraque a John Burke, defensa de Giovanny Fuentes Ramírez en febrero de 2022:
John Burke: Durante los últimos ocho o siete años que el presidente Hernández ha estado en el poder, ha habido una reducción sustancial en la cantidad de narcotráfico a través de Honduras, ¿no es así?
Euraque: Correcto.
B: ¿El número pasó del 87 por ciento de la cocaína que viaja desde Sudamérica hasta Estados Unidos, parando en Honduras, a ahora, más o menos, llamémoslo, ser del 5 por ciento?
E: Cierto.
B: Una reducción del 82 por ciento, al menos.
E: Bastante.
La defensa de Hernández argumenta incluso, que en el re-dirección del testimonio de Euraque, el fiscal de aquel juicio volvió a resaltar la información presentada en cuanto a la reducción de narcotráfico, ya orientando a favor de su argumento y en favor de la DEA:
Fiscal: Profesor Euraque, usted acaba de declarar sobre la reducción del narcotráfico desde Honduras, ¿es correcto?
E: Sí, lo hice.
F: ¿Puede decir si eso es atribuible a los esfuerzos de Juan Orlando Hernández o a los esfuerzos de la DEA?
E: ¿Puedes repetir la pregunta?
F: Seguro. ¿Puede decirnos si esa reducción es atribuible únicamente a Juan Orlando Hernández?
E: Oh, no creo que sea atribuible solo a Juan Orlando Hernández.
F: ¿Podría ser también atribuible a los esfuerzos de la DEA?
E: Sí.
F: ¿Otras organizaciones?
E: Sí, también.
Además de estas contradicciones, la defensa incluye los informes del Departamento de Estado de EE. UU. y las declaraciones de funcionarios gubernamentales, que documentan una disminución en el flujo de cocaína a través de Honduras durante la presidencia de Hernández. Estos documentos, según argumentan, contradicen directamente el testimonio de la Sra. Taul y subrayan la necesidad de revisar el veredicto.
Dice el informe de 2016 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), una división del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Honduras es un país de tránsito importante para la cocaína, así como para algunos precursores químicos. Estados Unidos estima que aproximadamente el 90 por ciento de la cocaína traficada hacia Estados Unidos en la primera mitad de 2015 transitó primero por el corredor de México/Centroamérica. Según estimaciones de EE. UU., el volumen de cocaína que transitó por Honduras hacia Estados Unidos durante este período disminuyó en un 40 por ciento desde 2014.”
Otro documento presentado como argumento de la defensa en este punto, es el Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de marzo 2022, que dice:
“Durante los primeros nueve meses de 2021, las autoridades hondureñas informaron de la incautación de 14.2 toneladas métricas de cocaína, superando con creces las 3.4 toneladas métricas incautadas en 2020 y las 2.2 toneladas métricas incautadas en 2019. La mayoría de estas incautaciones se realizaron en tierra, ya que la capacidad para interceptar drogas que entran a Honduras por mar y aire es limitada. La colaboración entre las Direcciones de Antidrogas, Policía Fronteriza y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras –todas apoyadas por Estados Unidos– ha sido fundamental para estas incautaciones. Las unidades civiles y militares de lucha contra el narcotráfico aumentaron las operaciones conjuntas durante 2021, llevando a cabo una operación conjunta de 45 días en Colón y Gracias a Dios y otra operación de varias semanas en las Islas de la Bahía.”
El memorando de la defensa de Hernández presentado por Renato Stabile también cuestiona la falta de corrección del testimonio engañoso por parte del gobierno y la omisión de evidencia que podría haber contradicho su narrativa. Afirma que no se llamó a Euraque (que estuvo en la sala durante tres días seguidos) para no contradecir la narrativa presentada por Taul, en un claro esfuerzo por “engañar” al jurado. En este contexto, la defensa solicita que el tribunal considere la presentación de cualquier evidencia adicional que el gobierno haya utilizado para fundamentar el testimonio de la Sra. Taul o, en su defecto, una explicación detallada de por qué se permitió que este testimonio influyera en el juicio sin las debidas correcciones.
La pregunta que surge ahora es, ¿será esto suficiente para repetir el juicio? Si bien este recurso es un derecho de Juan Orlando Hernández y los argumentos que usa son validos, la Fiscalía cuenta hasta el 12 de abril para dar su respuesta que sabemos será el argumento contrario, diciendo que el tiempo para desvirtuar el testimonio de Taul fue durante la audiencia del juicio, el juez deberá decidir si ese testimonio fue determinante o no, para lograr el resultado. O sea, ¿hubiera sido distinto el veredicto del jurado si Jennifer Taul, en su testimonio, hubiera dicho, como solicita la defensa, que el flujo de cocaína en Honduras se redujo durante los años de Hernández en la presidencia?
