CAROLINA ALDUVÍN
La política, además del arte de gobernar, encierra la lucha civilizada por hacerse con el poder, el título implica que, aun dentro de lo civilizado, hay maneras honorables y las que se destacan en los titulares de diarios y revistas alrededor del mundo. La erosión de los valores éticos resulta en escándalos cada vez más numerosos y frecuentes; hay quienes creen que con leyes el asunto se va a corregir, de ahí la profusión de las mismas. Una de ellas, denominada Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, o Ley de Política Limpia, para abreviar, data de principios de 2017 y ha tenido tres reformas desde entonces. No parecen ser suficientes para cumplir su cometido y, en opinión de los entendidos, necesita nuevas modificaciones.
Tradicionalmente, el financiamiento a la actividad política operaba bajo prácticas clientelistas y relaciones cercanas con la élite empresarial, luego llegaron los gobiernos militares. Con el retorno a la democracia y la nueva Constitución de 1980, se establece la cuestionable deuda política, que, a mi humilde parecer, es una de las raíces del actual trastocamiento de la actividad política; por más que juristas de trayectoria me explican, no me convencen sobre sus supuestos beneficios. En fin, es una disposición constitucional y, para bien o para mal, funciona y aceita la actividad de los partidos políticos, único canal viable para acceder al poder civilizadamente y acorde a la Ley. Pero el financiamiento del Estado contemplado en el Art. 49, no es suficiente.
Han surgido partidos que sólo van tras una cuota de poder y una tajada de la deuda, los gastos de campaña han incrementado significativamente y la tentación que representa el financiamiento ilícito, es cada vez más difícil de ignorar y de resistir. Falta fiscalización efectiva, las instituciones se han tornado débiles o, han nacido enclenques; los actores políticos y sus patrocinadores se resisten a adoptar prácticas transparentes y hacen falta mejores regulaciones al financiamiento político. Reconocemos la valentía de quien hoy encabeza la Unidad de Política Limpia, en momentos tan difíciles para la vida democrática de la nación, en los que la tendencia al financiamiento de origen ilícito es lo que prima en toda la región.
En América Latina existen 15 regulaciones en cuanto al financiamiento político, de las cuales Honduras sólo contempla en su legislación 5 de ellas: 1) prohibición de financiamiento con intereses extranjeros; 2) prohibición de donaciones anónimas; 3) regulación del financiamiento público para candidatos; 4) regulación de financiamiento público para partidos y 5) regulación de las formas indirectas de financiamiento público y beneficios fiscales.
Otras que podrían incorporarse son: 1) prohibición de recibir financiamiento de sindicatos; 2) prohibición de financiamiento por actividades ilícitas, fondos no declarados u otros; 3) límites para dar contribuciones a partidos; 4) límites a contribuciones en época electoral a candidatos; 5) límites a partidos en época electoral; 6) límite a las erogaciones permitidas a cada partido en campaña; 7) ídem a candidatos; 8) ídem a fondos privados a invertirse en campañas electorales; 9) prohibición a propaganda gubernamental y 10) prohibición a inaugurar obras públicas durante campañas electorales
Al respecto, coaliciones de sociedad civil han emitido las siguientes recomendaciones para mejorar el financiamiento de la actividad política en el país y evitar la intromisión de dinero sucio, mediante: 1.- Establecer límites al financiamiento político, en cuanto a fuentes, caracterización de las donaciones, ampliar los techos de financiamiento para campañas de partidos políticos y candidatos y establecer controles para evitar que se utilice la plataforma gubernamental y se aproveche como un mecanismo que potencie las campañas. 2.- Que la Unidad de Política Limpia cuente con auténtica independencia técnica y presupuestaria para desarrollar su trabajo y cumplir su cometido. 3. Urge que se proporcione a la UPL, herramientas legales para hacer cumplir las disposiciones sobre financiamiento y para sancionar a partidos y candidatos que transgredan las mismas. 4. Reforzar los derechos, deberes y obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas del dinero proveniente de la deuda política.
No al dinero del narcotráfico en la celebración de procesos electorales y eliminar la deuda política.
