Carlos Medrano
Cuando se esta en el poder, muchos de los funcionarios se obnubilan, pierden el piso fácilmente, se vuelven de la noche a la mañana sabios en su propia opinión, no escuchan a nadie, inventan fórmulas que solo ellos entienden y lo más grave es que deciden atropellar la ley y los estamentos ya establecidos para lograr sus maquiavélicos propósitos al margen del Estado de Derecho.
Aunque no pusieron ni una “chiclera” en su vida hoy hablan de economía, de finanzas y tienen la osadía de proponer leyes que restringen la actividad económica en nombre del beneficio popular, causando un efecto contrario porque su oferta más bien provoca más pobreza y desesperanza, otros, aunque no pasaron por la universidad, hoy promueven legislaciones que conspiran contra el propio pueblo.
Se reúnen los de “la argolla” para confabularse, para planear un sistema que les permita perpetuarse en el poder y empiezan proponiendo algunas “ideas novedosas” que le harán más fácil la vida al hondureño, que mejorará su nivel social y que cambiará “para mejor” el sistema democrático.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó pagar 54 millones de lempiras como indemnización a 4 exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, destituidos ilegalmente en el 2012, 80 mil dólares por indemnización, $ 400 mil por daños materiales, $25 mil por daño moral, $10 mil por gastos y $ 30 mil por gastos del juicio.
O sea, cada exfuncionario judicial recibirá más de 13 millones de lempiras por concepto de compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones, daño material e inmaterial y gastos, entre otros en el caso denominado Gutiérrez Navas y otros Vs Honduras.
Esta sentencia que lacera las finanzas públicas y daña aún más la pobre imagen de Honduras a nivel internacional, fue un golpe técnico en contra de la Sala Constitucional que fue ni más ni menos gestado por el expresidente del Congreso Nacional en ese momento, el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy recluso en Nueva York.
Estos cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucionales las Redes Especiales de Desarrollo (RED) –antecesora a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)– y las pruebas de confianza realizadas a agentes policiales mediante la Ley de Depuración Policial, entre otras, enfrentándose a las ilegales propuestas gubernamentales.
El presidente en ese entonces, Porfirio Lobo Sosa de manera soberbia y abrigado de la prepotencia que arropa a estos empleados públicos protestó fastidioso, atacando a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira.
Esta estupidez política que hoy tiene efectos económicos debe de pagarla los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, además de todos los diputados que aprobaron la destitución de estos funcionarios judiciales.
Estos dos individuos (Pepe y JOH), junto con todas estas carretas en el Congreso Nacional, en su plan continuista violaron la ley, desafiaron a la Constitución de la República y manejaron con “las patas” el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes establecido por Montesquieu, el padre de la división de poderes, todo para favorecer intereses particulares y mezquinos.
Basta ya de que el pueblo hondureño siga pagando tanta estupidez de estos políticos, que, sin reparo, sin prudencia, sin legalidad, toman decisiones que afectan al propio pueblo hondureño que al final siempre termina sufragando las malas decisiones de los políticos de turno que atropellan la ley y el orden en el país.
Periodista
