Por: Carolina Alduvín
En las últimas semanas y a raíz del lanzamiento de la candidata oficialista, las precandidaturas se han disparado en el tripartidismo. El partido en el poder, tiene a la fecha otros dos desafiantes a la antipática y retrógrada reina de diamantes, a quienes obviamente no puede controlar, ni dispuestos a venderse como ciertos uniformados. De modo que, la tentación para perpetrar un nuevo fraude electoral, está así, como en el banco. No es un asunto nuevo, es algo que el mismo usurpador ha confesado con jactancioso cinismo y en lo que lo batió dos veces consecutivas, el líder hoy encarcelado en la gran manzana. Como compensación, le dejó allanado el camino con toda una serie de triquiñuelas con apariencia de legalidad, para hacer, deshacer y reventar las prácticas democráticas, amenazar, sobornar y si no hay de otra, ultimar al opositor, es costumbre.
Una coalición de organizaciones ciudadanas, se encuentra a favor de una serie de reformas a la Ley Electoral, con el objetivo de democratizar el proceso hoy viciado por intereses partidistas más que todo. Son: segunda vuelta electoral; elecciones presidenciales, municipales y de diputados, en diferentes fechas; ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos; elección de diputados por distritos y, la más urgente sin duda, despartidización de los organismos electorales; dado que la historia nos muestra que integración de los mismos, en cada nivel electoral, por representantes de los partidos políticos, ha creado conflictos de intereses, propiciado fraudes electorales y marginado la participación ciudadana. Resultando en pérdida de confianza y credibilidad entre la ciudadanía con respecto a los resultados electorales y, la consecuente tendencia a abstenerse de ejercer su derecho a elegir y ser electo.
Se propone elevar el rango del organismo electoral, a Poder Constitucional, igual que Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con integrantes nominados por la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Consejo de Educación Superior, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo que implica un engorroso proceso de reformas legales y constitucionales que, necesariamente pasan por el partidizado Congreso Nacional. Algo así como pedir a los ganaderos que prohíban la producción de leche y derivados…
Por lo que es iluso esperar que la presente legislatura, siquiera considere poner en su agenda esta propuesta de la ciudadanía que se supone representan; de modo que, hace falta enfocar esfuerzos encaminados a que toda la ciudadanía exija la mayor representatividad que entrañan estas reformas, mientras eso llega, circula por ahí la idea que la observación electoral es un instrumento que permite analizar los procesos electorales con el objetivo de mitigar los conflictos, fortalecer la confianza de los actores y proponer medidas que mejoren la calidad democrática. Es una institución que, pese a su importancia, carece de fuerza vinculante, tal como quedara demostrado en 2017, cuando la misión enviada por un organismo internacional recomendara la repetición del proceso y, la polémica finalizó cuando una funcionaria extranjera, cual réferi de un deporte de trompadas, levantó el brazo del cuestionado ganador.
Para garantizar elecciones limpias, es preciso, además de apostar observadores en cada JRV a tiempo completo, para reportar todo tipo de anomalías antes, durante y después de las votaciones. Hay que montar todo un sistema de vigilancia electrónica; dado que la alteración de resultados, si bien puede atajarse con vigilantes imparciales, es por ahora difícil de dar seguimiento al cómputo automatizado de los datos que se transmiten desde las JRV en todo el territorio. Ahí el acceso es restringido y lo es más aun a los equipos donde se centraliza la recepción de los datos, por lo que debe considerarse la observación ciudadana debidamente equipada en lo que respecta a los adelantos tecnológicos y la vigilancia a su operación.
Los observadores que llegan a los países a hacer turismo electoral, que sólo van en grupo a los lugares más accesibles y con las condiciones de extrema seguridad destinada a diplomáticos y dignatarios internacionales, difícilmente podrán reportar todo tipo de incidencias. La credibilidad de los organismos electorales, en gobiernos de corte autoritario, demanda una iniciativa ciudadana de transparencia electoral incorporada a la tecnología en los procesos electorales.
