Jorge Alberto Constant
Uno de los delitos de mayor incidencia en Honduras es la extorsión. Está inmerso en el abanico de “productos” que dispone el crimen organizado y la delincuencia común además de las drogas y otros que causan muertes con y por violencia.
Este delito tiene varias aristas, una poco conocida es “el sedentarismo a temprana edad”, afecta un importante segmento de la población infantojuvenil, estas personas sin gusto por el trabajo, educación, ni respeto a la vida humana conocidos como “ninis” (que no estudian ni trabajan), seres desgarbados con parálisis en el desarrollo de sus emociones, llegan a vivir muchos años cronológicos y siguen siendo adolescentes (que adolecen, padecen, que les falta madurez), actúan como niños con bigote, y mujeres adultas como “nenas pops”, se ven siempre desconcertados, llenos de incertidumbre; sobreviven psicológicamente con la posesión de símbolos de estatus; entre ellos: teléfonos celulares, zapatos, perfumes, ropas, hasta vehículos de “marcas” y para lograr tales fines se involucran a temprana edad en organizaciones criminales, o ejercen una conducta delincuencial independiente.
Para ellos, lo más cómodo es vender drogas, asaltar, invadir los espacios públicos y privados de las ciudades adjudicando puestos a los vendedores “ambulantes” y ejercer su actividad criminal incluida la extorsión, fenómeno que en Honduras se ha convertido en una industria floreciente afectando a miles de ciudadanos emprendedores que inician pequeños y diversos negocios, siendo víctimas de la amenaza; una vez atemorizados si no cumplen con las cuotas impuestas sufren atentados casi siempre mortales, especialmente en el rubro del transporte público.
Pero la extorsión al transporte público tiene una conformación más compleja; antes hay que señalar que la mayoría de propietarios de buses y taxis no prestan un servicio óptimo ni eficiente al ciudadano, tampoco invierten en el mejoramiento de sus unidades, muchos de ellos esquilmaron al pueblo a través de “subsidios” que se les otorgaban por operar “unidades fantasmas”, otros que acapararon “números” para buses y taxis que alquilan a terceros con unidades chatarras, poniendo en peligro la vida no solo de los usuarios.
Hace doce años, la Dirección Nacional de Tránsito exigía la certificación de motoristas y cobradores con el objeto de garantizar la seguridad de los “pasajeros” y ejercer algún control; además, para que la ciudadanía denunciara el abuso y maltrato ocasionado por “buseros, cobradores y taxistas”. Como esta medida afectaba a los “dueños” del transporte; estos hablaron con el presidente de la República en aquel entonces y se derogó esta medida.
La participación del crimen organizado en el transporte público es evidente; el lavado de activos en este rubro se atribuye a la compra al contado de buses, microbuses y mototaxis operadas por personas sin arraigo. Esta competencia en la disputa del mercado del transporte a nivel nacional permite que muchos extorsionadores surjan del mismo gremio, según especialistas en seguridad ciudadana. Ante estos antecedentes surgen varias interrogantes: entre ellas ¿por qué siguen otorgando “números” para que se expanda más el transporte sin ningún control, por qué los transportistas no quieren certificar su personal?; y la pregunta del millón ¿Por qué no se sanciona a los infractores del transporte para ejercer gobernabilidad?
Otras investigaciones señalan que, si hubiese un operativo sorpresa solo en la ciudad capital, se encontraría que un porcentaje elevado de conductores y cobradores trabajan bojo los efectos del alcohol y drogas ilícitas (marihuana, crack y cocaína), portan armas de todo tipo y que los vehículos de transporte donde utilizan parlantes con música y sonidos estridentes, son claves de amenaza para advertir a la Policía y otras autoridades a qué organización criminal pertenecen; la extorsión es además una industria criminal que genera muchos recursos a unos delincuentes que por lo general se dedican a otras actividades ilícitas.
Como vemos no es fácil combatir el delito de la extorsión, específicamente en el rubro del transporte, así como no es potestad exclusiva de la Secretaria de Seguridad y sus entes especializados combatir este fenómeno multicausal. La agencia especializada de lucha contra la extorsión ha logrado un trabajo eficiente, su acción oportuna ha logrado la apertura de pequeños comercios en barrios y colonias de las ciudades más habitadas, revitalizando la economía familiar, generando empleo al menos a cuatro personas por familia.
Es fácil criticar desde la oposición política este problema; es muy cómodo opacar la labor de la Policía Nacional, el asunto es que la extorsión posee “mil máscaras” y el combate debe ser integral; se hace necesaria una mayor participación ciudadana con los diferentes actores públicos y privados. Los alcaldes especialmente de las ciudades de mayor densidad humana deben coordinar desde lo local unas fortalezas interinstitucionales, articulando con la Policía proyectos de participación comunitaria, con la ayuda de los medios de comunicación en el sentido de crear campañas que animen a los afectados a denunciar sin temor.
Si el principal insumo de quienes ejercen la extorsión es la amenaza; la denuncia es la herramienta más eficaz para combatir este delito. Animamos a los medios de comunicación para que se sumen a esta causa, implementando programas educativos que orienten al ciudadano a confiar en las autoridades, en virtud que el personal técnico de la Policía responsable de atender las denuncias está capacitado y tienen entrenamiento para proteger la confidencialidad de los afectados.
Esto nos debe importar a todos pues los impuestos de la extorsión al fin de cuentas quienes lo pagamos somos nosotros, los ciudadanos de a pie.
