Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Reconozco que el Estado de Honduras ha visibilizado a los adultos mayores iniciando, a partir de 1986, un proceso continuo de aprobación de leyes y políticas públicas en su favor; pero este proceso, ha tendido más a beneficiar minorías de adultos mayores que a las mayorías, mismos y mismas, inmersos en procesos de sobrevivencia bajo condiciones de exclusión y marginación evidentes.
Las leyes y políticas aprobadas en muy poco han contribuido, en los últimos 18 años, a dar resultados positivos y de impacto estructural. Ni siquiera contamos con una base estadística inteligente para establecer con certeza el estado de este grupo etario, no obstante que el mandato de organización del dato, fue dado bastante tiempo atrás. En consecuencia, al día de hoy, la información numérica existente, no permite tener una panorámica objetiva, para desarrollar intervenciones preventivas contra el COVID-19. Lo poco que se visualiza es insuficiente para diseñar una estrategia diferenciada en términos estadísticos. Sabemos que los adultos mayores son un estrato diferenciado y no homogéneo; lo cual implica que, dada su heterogeneidad socioeconómica y cultural, demanda de políticas públicas diferenciadas. ¿Acaso tenemos esa matriz estadística diferenciada de los adultos mayores viable para atenderlos apropiadamente?
La cuestión social del grupo etario de adultos mayores en Honduras tiene que ver con la exclusión y el marginamiento en que se encuentran la mayoría de ellos. Son un grupo social importante que forman parte de la “mayoría silenciosa”, mencionada por el candidato Mauricio Oliva, en el discurso de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República. Desde este ángulo político, a los adultos mayores se les puede apreciar en el marco de una política legislativa sobre envejecimiento y diferenciación socioespacial de su calidad de vida. En vista que el envejecimiento de la población hondureña, es un fenómeno de alto impacto en este siglo XXI y debe considerarse como un tema prioritario en el Congreso Nacional, en estos tiempos del COVID-19.
En términos estrictamente demográficos, los adultos mayores de 65 y más años de edad (en valores absolutos y relativos) van en aumento y prolongan su vida que se expresa en los valores de esperanza de vida al nacer. Viendo esta tendencia más allá de ser un fenómeno demográfico, es necesario tomar en cuenta que quienes envejecen son las personas y nuestra sociedad debe buscar los procedimientos adecuados para responder a ese proceso que definitivamente es irreversible. Al respecto, Nidia Formiga y María Belén Prieto, señalan lo siguiente: “el envejecimiento se relaciona tanto con sus aspectos cuantitativos y cambios en la estructura de edades, como en las dimensiones sociales y económicas del proceso”. (Córdoba, Argentina, 2008).
En general, en nuestra sociedad hondureña han habido esfuerzos legales e institucionales para atender a una minoría de los adultos mayores (Estrada, CEASCI 2020), y los problemas que el proceso de envejecimiento demográfico nos plantea en términos del creciente aumento de ellos y ellas, no parece que se haya dimensionado adecuadamente en lo que respecta a la magnitud, seriedad y alcance incluyente en el análisis de tal problemática.
Esta cuestión de los adultos mayores debería constituirse en uno los temas centrales del desarrollo social, como consecuencia de la crisis que enfrentamos y de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos que conlleva, no veo un interés palpable ni del gobierno, ni de la sociedad civil. Necesitamos reformular los ejes sobre los cuales ha transcurrido el discurso demográfico en nuestra nación. En específico, implica que pasemos de tener una preocupación en la dinámica del crecimiento, a una preocupación por la estructura demográfica; particularmente en la estructuración social de las diferencias demográficas.
Debemos preocuparnos y actuar ante el proceso de envejecimiento demográfico en términos del creciente aumento de los adultos mayores. El COVID-19 nos hace ver que debemos tener una sociedad para todas las edades. Tenemos que reflexionar sobre la viabilidad y la pertinencia de las políticas de seguridad social, para los adultos mayores y en general, que requerimos políticas integrales orientadas a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Dada la vulnerabilidad de la gran mayoría de adultos mayores, debe constituir un problema prioritario para los responsables de la gestión local y de los distintos niveles del gobierno.
Los adultos mayores tenemos peso e importancia creciente porque nuestro nivel cultural ha crecido gradualmente y estamos viviendo en un mercado de consumo que una gran mayoría no goza de acceso efectivo; somos un grupo con alto potencial y conciencia relativa de nuestro peso, que podemos presionar social y políticamente; la gran mayoría no goza de una notable mejora sanitaria y perspectivas vitales efectivas; los niveles de ingreso de este colectivo, en su mayoría no tiene características de regularidad, seguridad y disponibilidad.
