Infraestructura resiliente ante desastres
Por Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
En el momento de la publicación de esta columna la semana pasada, donde hacía una referencia a las previsiones de apoyo del grupo del Banco Mundial (BM) a Latinoamérica, casualmente, LA TRIBUNA puso en primera plana la noticia que ese organismo de crédito internacional, su directorio acababa de aprobar un financiamiento por US$ 119 millones para Honduras, denominado “Crédito de Políticas de Desarrollo para la Gestión de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido por Catástrofes Cat DDO”.
Se trata de un préstamo gestionado previo a la emergencia del COVID-19, cuyo objetivo principal es fortalecer el marco financiero e institucional de Honduras para lograr una mejor gestión de riesgos por eventos naturales adversos o emergencias de salud.
Es innegable que tener un financiamiento con estos montos y en este preciso momento, es una muy buena noticia. Claro está, no es la panacea que resolverá todos los problemas. No se requiere un Premio Nobel en economía para poder vislumbrar el escenario de corto y mediano plazo, la economía hondureña es totalmente dependiente de la de los Estados Unidos de América. Nuestro principal flujo de divisas se origina en nuestros hermanos inmigrantes, cuyos trabajos están en buena medida congelados. Las remesas simplemente disminuirán sustancialmente. Por otro lado, el consumo de nuestras exportaciones tenderá a caer y recuperarse muy lentamente.
El mismo GBM publicó esta misma semana el estudio “La Economía en los Tiempos de COVID-19”, lectura obligada para quien quiere tener una mejor perspectiva del futuro cercano. El Informe predice un crecimiento negativo para todos los países de la región (PIB a precios de mercado) y una recuperación a partir del año 2021. Por ejemplo para Honduras -2.3% y 3.9%; para Guatemala -1.8% y 4.4%; para El Salvador -4.3% y 4,8% respectivamente. Detrás, más bien por delante de estas cifras, los desafíos están enmarcados en salvar vidas, apoyar a los más vulnerables, proteger empleos y pensar en la recuperación, tal como publicó Seynabou Sakho, directora del BM para Centroamérica.
La nota de prensa de esa institución hace referencia a reformas ya logradas en el 2019, como la transformación de COPECO en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, el fortalecimiento de la capacidad de financiación de riesgos y desastres de SEFIN.
Se espera que el programa logre que, en tres años, las veinte regiones sanitarias del país cuenten con un plan de respuesta ante emergencias de salud, especialmente para el caso de epidemias y pandemias. En palabras de la señora Sakho, este programa fue diseñado antes de la crisis de la COVID-19 (coronavirus), para apoyar los esfuerzos de Honduras y mejorar su capacidad para responder ante eventos naturales adversos, riesgo climático y brotes de enfermedades. Pero es aún más relevante en el contexto actual, pues contribuye de inmediato a la rápida respuesta que está dando el gobierno para atender y proteger a la población hondureña ante esta pandemia, así como ante la epidemia del dengue.
Si los ciudadanos, actualmente encargados del gobierno, tienen responsabilidad jurídica y moral con estos “dineros”, esta aumenta en tiempos de crisis mundial. Es poco realista creer que esta será la única crisis en los próximos años. Tenemos grandes riesgos ambientales y naturales, solo recordemos al Mitch. Gastar e invertir cada centavo con sumo cuidado, pero de manera urgente y oportuna, requiere una administración pública muy buena, controles y fiscalización continua y el acompañamiento del mismo BM. Es lógico pensar que la segunda gran prioridad es articular políticas nacionales y regionales para sacar a flote al sector productivo, el gran empleador y no solamente el sector formal.
