Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
El propietario de una cadena de restaurantes de San Pedro Sula, ha decidido irse a la huelga de hambre, en vista de que las autoridades le han negado la apertura del servicio por ventanillas, y porque la factura de energía eléctrica le ha sumado como si hubiese operado en tiempos normales, a pesar de la inactividad comercial decretada tras la pandemia del COVID-19.
Nuestro empresario se volvió célebre, tras el anuncio que hizo público, de que a pesar del cierre temporal, decidió “subvencionar” a sus empleados con un mes de salario, lo que le hizo acreedor a cientos de comentarios encomiables, escritos por cándidos desocupados que viven permanentemente sumergidos en las redes sociales. Cibernautas que cuestionan permanentemente la honorabilidad de los empresarios, han prometido que consumirán los productos de esos restaurantes, una vez pasada la crisis -aunque sea mentira-, reacción que no debería de extrañarnos tratándose de un país que no se caracteriza por la honorabilidad política ni empresarial.
No fue menos sonora la noticia de que una franquicia, ha decidido suspender -y despedir- a muchos de sus empleados mientras sus restaurantes permanezcan cerrados al público. No ha faltado la censura, proveniente de aquellos que, en tiempos de las revueltas callejeras la emprendieron a pedradas contra las instalaciones de estos centros de comida rápida por considerarlos símbolos de la “explotación” laboral, según rezan en sus consignas propagandísticas y en sus grafitis.
En realidad, se trata de dos situaciones diferentes, pero jugadas en una misma cancha; ambas promocionadas con arreglo a cálculos políticos e ideológicos. Es decir que, detrás de la publicidad del primero y del descrédito del segundo, se esconden intereses personales y de grupos. En el primer caso se trata del resurgimiento de cierto tipo de liderazgo forzado que podría convertirse en una opción política para un futuro electoral. Y aunque la gente no lo perciba como tal, la memoria popular recordará más el acto caritativo, que el interés personal del empresario. Localmente hablando, la suerte política está echada para el hombre.
En el segundo caso, si bien la mayoría de las corporaciones en el mundo se han visto forzadas a suspender a miles de empleados, en Honduras, a la franquicia en mención le ha tocado cargar con las críticas. Muchas empresas corrieron a cerrar operaciones sin esforzarse por trazar acciones de corto y mediano plazo con el objetivo de proteger los ingresos de los empleados. Lo más fácil fue echarlos a la calle, mientras que los directivos gozan del servicio por “delivery” y de seguridad sanitaria en la comodidad de sus hogares. Para devolver el aporte de los “colaboradores” y “asociados”, los empresarios hubiesen esbozado un plan de responsabilidad empresarial laboral, mientras desciende la curva de la crisis. Pero, en lugar de actuar, se han quedado de brazos cruzados, esperando la reacción salvadora del gobierno a través de la subvención de los salarios durante el tiempo que dure la inactividad productiva. Además, debemos recordar, que los presupuestos de las grandes y medianas empresas se programan para todo el año fiscal, en renglones donde se provisionan los gastos fijos, incluyendo la nómina de los empleados. Para el 2021 es fácil imaginar que las cosas serán diferentes.
Cada empresario se las juega como puede, mientras otros se aprovechan de la crisis. Después que pase la pandemia, se tendrá que hacer una verdadera valoración del comportamiento empresarial, donde la sociedad, es decir, clientes y empleados, podrán juzgar y tomar libres decisiones sobre dónde laborar y qué productos y servicios consumir. Porque, no siempre detrás de una marca posicionada se encuentra el compromiso ni la estima hacia clientes y empleados.
