Unos 7,400 trabajadores del sector privado se han acogido al plan de Aporte Solidario por parte del RAP

El gerente del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Enrique Burgos, informó que unos 7,400 trabajadores del sector privado han sido acogidos con el Aporte Solidario por parte del RAP, Gobierno de la República y sector privado.

Estos son los empleados que han sido suspendidos por la empresa privada en el marco de la emergencia por el COVID-19.

6,000 lempiras estarán recibiendo estos empleados que se acojan al Aporte Solidario, los cuales serán proporcionados por el Gobierno (1,000 lempiras), el aporte del RAP (3,000 lempiras) y la empresa para la que laboran (2,000 lempiras).

“Hay aproximadamente 7,400 afiliados del sector privado, a través de 145 empresas que se han acogido al programa de la Ley de Alivio al Sector Productivo y los Trabajadores, frente a la pandemia provocada por el COVID-19”, indicó.

“En cuanto a los desembolsos realizados por el Régimen de Aportaciones Privadas, podría comentar que para los más de 7,400 trabajadores, esto representa unos 22.5 millones de lempiras”, manifestó.

Estos aportes del RAP provienen de la misma cuenta del trabajador, la cual se constituye con aportaciones propias y del patrono.

“De estos ya se han pagado 14.2 millones y están por acreditarse 8 millones de lempiras aproximadamente”, añadió.

Esto representa valores importantes por parte de la aprobación de las empresas que para estos 7,400 trabajadores representaría alrededor de 15 millones de lempiras y por parte del Estado otros 7.5 millones de lempiras.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social anunció que han recibido solicitudes de unas 120,000 suspensiones laborales causa de la emergencia sanitaria.

Las empresas suspenden a los trabajadores porque no pueden seguir pagando planillas sin generar ingresos a raíz del toque de queda.

La economía del país se está aperturando de forma paulatina e inteligente, muchos de los empleados que han sido suspendidos podrán retornar a sus trabajos en las próximas semanas.

El gobierno, a través de la Secretaria de Trabajo y con la contribución de la Unión Europea, ha elaborado los protocolos de bioseguridad para cada sector, los cuales son de obligatorio cumplimiento.