WASHINGTON. El Tribunal Supremo de EE. UU. decidió mantener en pie el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a unos 650,000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, en un inesperado revés para el presidente estadounidense, Donald Trump.
En una sentencia ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el programa DACA, creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que ha permitido trabajar o estudiar a miles de indocumentados que llegaron a EE. UU. de niños.
“La decisión del DHS (siglas del Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas de la corte.
La corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó “el procedimiento” que usó el gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre.
AGRADO
Las autoridades hondureñas mostraron su agrado y anunciaron que son unos 15 mil compatriotas beneficiados, gracias al supremo estadounidense.
La Corte Suprema de Justicia de este país rechazó poner fin a este programa que protege de la deportación a miles de «dreamers» (soñadores), haciendo a un lado la posibilidad de terminar con este beneficio que acoge a más de 15 mil connacionales, confirmaron las autoridades.
«Recibo con beneplácito la noticia de la Corte Suprema de EE. UU. sobre el futuro del programa que protege a los DREAMERS”.
“Bajo este programa de DACA, contamos con más de 15,000 hondureños que serán beneficiados por esta decisión. Seguiremos abogando por una solución permanente para ellos».
Los soñadores hondureños aportan al desarrollo de sus comunidades y a la economía de ambos países.
¿QUÉ ES EL DACA?
El DACA fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama. Jóvenes inmigrantes organizaron sentadas en oficinas del Congreso y protestas afuera de la Casa Blanca para presionar a Obama a implementar una medida que atendiera su estatus migratorio. Estos inmigrantes, conocidos popularmente como dreamers por la Ley DREAM -un proyecto fallido que les habría otorgado herramientas para naturalizarse-, llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han crecido en el país.
El DACA les permite trabajar de forma legal y los protege de cualquier proceso de deportación. Pero fue limitado a aquellos de entre 15 y 30 años de edad, que asistían o se graduaron de secundaria y no tenían antecedentes penales. La cuota de inscripción y renovación es de casi 500 dólares.
Muchos de los beneficiarios originales del DACA eran estudiantes universitarios que enfrentaban un duro panorama laboral al finalizar sus estudios debido a que no podrían trabajar legalmente. Ahora, muchas de las 650,000 personas que se inscribieron al programa son profesionistas; algunos de ellos incluso son padres y abuelos. En su punto más alto, el programa llegó a tener casi 800,000 beneficiarios.
¿POR QUÉ TRUMP INTENTÓ CANCELAR EL DACA?
Durante su campaña presidencial de 2016, Trump prometió ponerle fin al DACA, pero después atenuó su postura antes de finalmente ordenarle a su gobierno que anunciara la cancelación en septiembre de 2017.
El gobierno argumentó que el programa era ilegal y que, aunque no estaba a favor de castigar a los niños por las acciones de sus padres, “también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes. Entre otros motivos para suspender el programa, su gobierno también citó un fallo de un tribunal menor que ordenó la suspensión de una expansión del DACA que habría sido aplicable a los padres”.
Texas y otros estados amenazaron con demandar al gobierno a raíz del programa después de haber entablado querellas para frenar su expansión durante el gobierno de Obama. Activistas por los derechos migratorios impugnaron la decisión de Trump y las cortes de apelaciones mantuvieron el programa con vida, pero únicamente para aquellos que ya estaban inscritos.
Durante una audiencia ante jueces en noviembre pasado, el abogado del gobierno arguyó que este asumía la responsabilidad de sus decisiones y que tenía la autoridad para cancelar el DACA, incluso siendo legal, porque era una mala medida política.
“Nos pertenece”, dijo el abogado Noel Francisco.
