Rafael Delgado
El manejo de la crisis sanitaria ha sido desastroso. Además de la corrupción en la que ha estado plagada la gestión, la respuesta inadecuada indica negligencia e incapacidad en la respuesta. Se constató en la compra de respiradores incompletos, en la compra de insumos de pésima calidad, sobreprecios en la compra de hospitales, lentitud en las pruebas para identificación de casos de contagio, colapso de los servicios hospitalarios y en medio de eso un programa de reinicio de las actividades económicas que solamente ha disparado los casos de contagio. No importa cómo se llamen las instituciones, COPECO, INVEST-H, Secretaría de Salud, Mesas Sectoriales todos están marcados por el mismo fierro, tropezando día tras día ante una situación que impone retos que superan sus capacidades y que descubre una institucionalidad pública destruida por la corrupción.
En medio de todo esto están miles de profesionales hondureños de los servicios de salud con más de 100 días de arduas y arriesgadas jornadas laborales. Se conoce que han trabajado en el peor de los ambientes laborales, con carencias escandalosas de insumos básicos para la atención del paciente y desprovistos de la seguridad laboral suficiente para reducir sustancialmente el riesgo propio del contagio. Es repudiable que esto siga ocurriendo y que por otro lado el gobierno haya anunciado, como un gran éxito que se ha endeudado para supuestamente salvar la ENEE, pero que en el fondo es para pagar 600 millones de dólares de contratos de energía eléctrica, algunos de ellos marcados por el sobreprecio y la corrupción. Pero así son las prioridades, así es la agenda que maneja el gobernante en medio de las peores crisis de la historia.
Con la crisis sanitaria salen a relucir otras situaciones que son manifestaciones de una profunda crisis que ojalá no ocurra, pero que amenaza cada vez que la respuesta a la pandemia muestra ser deficiente. Las predicciones para la producción, el empleo y los ingresos son fatales a nivel latinoamericano. Las cuentas del gobierno hondureño ya tiempos no cuadraban, pero con un sistema tributario inmisericorde en el cobro de impuestos, así como una política de endeudamiento agresiva era posible sacar la nariz sobre el agua. Ahora se derrumba la recaudación tributaria precisamente en los peores momentos, con muchos años de descuido de la inversión social, especialmente en la inversión en salud y educación pública, con un nivel de endeudamiento público ya suficientemente alto, por consiguiente, con ningún espacio adicional para asumir compromisos prudentes.
Las advertencias fueron múltiples, las recomendaciones sobre una política fiscal prudente en el gasto desvinculada del clientelismo y del despilfarro fueron abundantes. No faltaron tampoco las recomendaciones por una política prudente de endeudamiento público que implicara nuevos compromisos financieros, pero enfocados en los proyectos de más alta rentabilidad social y gestionados con los más altos criterios de transparencia. Fueron muchas las indicaciones sobre reformar la estructura tributaria para eliminar tantos agujeros y reducir la evasión fiscal. Pero al final, muy poco se emprendió ya que los recursos que entran al gobierno cada vez están más expuestos al apetito de los intereses políticos y económicos, que inutilizan cualquier intento de protegerlos. Seguramente que haber emprendido estos cambios nos habría puesto en un mejor punto de partida frente al COVID-19.
JOH está acostado, protegido por los militares, el aparato judicial y sus aliados en la política y los negocios, recibiendo una atención hospitalaria que la abrumadora mayoría de los infectados por el COVD-19 no podrá recibirla en estos momentos. No nos cabe la menor duda que por eso su recuperación será exitosa y se la deseamos. Pero ese hecho, de las abismales diferencias en el tratamiento suyo como de las excelentes perspectivas de recuperación frente a la precariedad de los recursos hospitalarios para la mayoría de los hondureños enfermos, pondrá nuevamente sobre la mesa el fracaso de su mandato.
