OACNUDH preocupada por la violación de derechos a la población LGTBI (Video), La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), así como diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, han reiterado su preocupación por la estigmatización generalizada, discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género de las cuales son víctimas las personas LGBTI en Honduras.
La OACNUDH, a través de un comunicado difundido en Tegucigalpa, a través de oficial de comunicaciones, Evelyn Molina, destacó que la estigmatización en contra de las personas LGBTI, en el cual juegan un rol importante tanto actores estatales como no estatales de gran influencia en el país, contribuye y refuerza la discriminación y violencia contra las personas LGBTI.
De igual preocupación resulta la existencia de legislación que niega sus derechos y los obstáculos para al acceso a la justicia que generan impunidad y permiten que violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI se repitan.
OACNUDH reconoce los avances significativos que se han dado con la incorporación de la identidad de género y la orientación sexual como categorías prohibidas de discriminación en la legislación hondureña así como la generación de espacios de socialización de iniciativas legislativas vinculadas con la temática que cuentan con participación estatal y de sociedad civil.
Sin embargo, preocupa a la Oficina que sigan existiendo disposiciones que impidan de manera expresa el reconocimiento de derechos tales como: 1) el matrimonio o uniones de hecho entre personas del mismo sexo; 2) el cambio de nombre e identidad de género en el Registro Nacional de las Personas; y 3) el derecho a la visita íntima para parejas del mismo sexo en el sistema penitenciario.
Asimismo, la existencia de terminologías muy amplias y vagas en la Ley de Policía y Convivencia Social, como por ejemplo “pudor”, “moral” o “buenas costumbres”, es de especial alerta.
En un contexto de estigma y vulnerabilidad de las personas LGBTI, especialmente las mujeres trans, frente a las autoridades policiales, estas disposiciones pueden contribuir a que se generen detenciones arbitrarias, abusos policiales, intimidación y corrupción. Igualmente, la existencia de disposiciones que hacen referencia expresa a la orientación sexual de las personas como factor inhabilitante para la donación de sangre en el país es otra normativa que debe ser revisada a la luz del principio de no discriminación.
La violencia contra las personas LGBTI es una violencia social contextualizada en la que la motivación debe ser comprendida como un fenómeno multifactorial, y no sólo como un acto individual. Por esta razón, mecanismos internacionales han entendido que los actos de violencia contra las personas LGBTI se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio basado en la orientación sexual, en la identidad de género o en su expresión.
OACNUDH recomienda que se incluyan en la legislación y en los protocolos de investigación pertinentes disposiciones que permitan identificar, investigar y categorizar crímenes como cometidos por prejuicio.
En consecuencia, las investigaciones de delitos contra personas LGBTI deben iniciarse bajo una hipótesis que tome en cuenta la posibilidad de que la motivación esté basada en prejuicios sobre su orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida de la víctima.
Las personas LGBTI en Honduras son víctimas de una estigmatización generalizada y de discriminación por la sociedad. Resulta preocupante el rol de ciertos medios de comunicación, grupos religiosos, sistema educativo y nuevas tecnologías de la comunicación en la difusión de mensajes discriminatorios y de odio
contra este colectivo y las personas involucradas en la defensa de sus derechos. OACNUDH reafirma que la tradición, la cultura y la religión no deben ser excusas para justificar violaciones a los derechos humanos.
OACNUDH insta al Estado de Honduras a que adapte su marco normativo y sus políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género.
Estos instrumentos tienen un rol fundamental para contribuir a la eliminación de los prejuicios, estereotipos, desigualdades y obstáculos estructurales existentes que dan lugar a la violencia y la discriminación de las personas LGBTI.
La Oficina llama a que las autoridades garanticen la participación efectiva de personas LGBTI, así como de personas defensoras, movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la temática, en los procesos de elaboración y reformas de políticas públicas y legislación.
Es de vital importancia que el Estado escuche, permita la participación amplia y tome en cuenta las preocupaciones y necesidades específicas de las personas LGBTI.
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