Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
Tener que escribir sobre este tema del feminicidio significa que percibo que en Honduras dicho fenómeno ha alcanzado dimensiones que alarman a la ciudadanía, y sobre lo cual, el gobierno tiene la obligación de actuar definiendo una política para prevenir este tipo de violencia con efectividad.
En efecto, las noticias dan a conocer que las muertes violentas de mujeres registradas entre enero y diciembre de 2017, suman un total de 389 casos. Al desagregar esta cifra según la edad de las víctimas el 30.1% (117) se encuentran entre los 15 y 24 años, es decir, son mujeres que estaban en el proceso constructivo de su identidad, de su formación educativa y en la edad reproductiva. Los registros evidencian que la mayor vulnerabilidad se produce en el rango de 20 a 24 años al acumular 17.2% (67) del total, en tanto que, los otros grupos etarios evidenciaron menor número de víctimas: las niñas menores de 15 años con 32 casos y las mujeres de 60 años y más, con 21 víctimas (IUDPAS, Boletín Especial sobre Muertes Violentas de Mujeres, marzo de 2018). En el 2020, ya se registran 118 feminicidios y 45 durante la cuarentena (IUDPSA, mayo 30,2020).
El feminicidio, en todas sus variantes, propicia un campo de análisis en torno de la violencia extrema que priva en la vida diaria de las mujeres hondureñas en todas las edades. Y, este fenómeno, resalta el marco de la dominación masculina no solo por el deseo sexual y de control sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres; lo cual implica, la explotación de ellas en el trabajo doméstico o la explotación sexual para obtener ingresos. Y siendo más críticos, pone a la vista una discreta complicidad del orden legal del Estado y de otras instituciones hegemónicas (medios de comunicación, cosmovisiones religiosas) que los disimulan, toleran, justifican o incluso atenúan su gravedad mediante la prevalencia de legislaciones penales que justifican estos crímenes, cuando no los amparan incluso, en las leyes del matrimonio civil que mantiene todavía una fuerte carga patriarcal.
Con la pandemia y al establecerse el confinamiento se va produciendo una violencia contra la mujer en grados extremos como el feminicidio que pone en evidencia la crisis del orden patriarcal y agudiza el cuestionamiento a las formas de la dominación masculina dada la emergencia social de las mujeres, y obviamente, por el incremento de la violencia feminicida.
En Honduras, las evidencias y el registro sobre el feminicidio se han venido realizando de manera más sistemática desde el 2000, y sobretodo, cuando la Universidad Nacional crea el IUDPSA, que demuestra que el problema es recurrente. No obstante, aun cuando contamos con datos forenses sobre muertes violentas de mujeres las hipótesis para orientar el análisis están ausentes. Y, sobre todo, en el caso de feminicidios en que su comprobación legal, se establece hasta que es juzgado penalmente. O sea, se tendría una cifra bastante reducida de feminicidios si nos basamos en los Certificados de Defunción de las entidades de la República hondureña. En consecuencia, lo que se desprende al tratar de determinar la base empírica de los feminicidios sería basarse más en los registros que ofrecen las fuentes como el IUDPSA y complementar dicha base con los datos forenses y penales.
¿Cómo hacer para identificar los rasgos y tendencias de los presuntos feminicidios? ¿Hasta qué punto contamos con una sistematización del registro forense de feminicidios válida para calificar como una forma de violencia basada en el género, que cuadre en los términos de la definición de violencia feminicida?
Además, es necesario generar información que indique el desplazamiento geográfico y los rasgos regionales del fenómeno, que apunten hacia la existencia de contextos sociales, culturales, normativos, favorecedores de la violencia hacia las mujeres en sus modalidades más agresivas (caso de la mujer embarazada en Gracia, Lempira). Tomando en consideración también la concurrencia de factores propulsores como la violencia social, la violencia criminal, la proliferación de armas y la impunidad extendida en casi todo el país, que son el caldo de cultivo para la proliferación de la violencia criminal.
No cabe duda de la ausencia de una política del feminicidio. Nuestras autoridades deben repensar la responsabilidad que tienen para perseguir y castigar este delito del feminicidio. Y la omisión y la falta de sensibilidad y desprecio, son inaceptables. Tal actitud causa indignación porque puede demostrar indolencia, resistencia y cara dura de las autoridades responsables de aclarar estos delitos. No se puede ser ciego, ni sordo ante la presencia permanente de feminicidios.
Requerimos de una política pública asertiva para atender el problema del feminicidio en el ámbito de la justicia a partir de la tipificación del delito, pero también de las acciones preventivas para la convivencia y la movilidad segura de las mujeres.
