Los hondureños debemos elegir candidatos honestos y capaces
José Rolando Sarmiento Rosales
Los que ejercemos el periodismo dentro de los cánones de la moral y la ética, enmarcados en los principios de la comunicación social de masas, tenemos que abstraernos de nuestros sentimientos partidarios, porque no lo negamos, los tenemos y con el derecho legítimo de todo ciudadano hondureño, así que militamos, apoyamos, depositamos el sufragio en las urnas como nos corresponde constitucional y electoralmente hablando, pero nos abstenemos de aspirar a cargos políticos o de elección popular, a los que también tenemos todo el derecho, pero que para hacerlo deberíamos renunciar a nuestro ejercicio de informar y opinar, para no contaminar la objetividad con que debemos conducirnos como periodistas, sin comprometer la independencia y neutralidad del medio de comunicación donde ejercemos, cuyas publicaciones se deben a todos los hondureños, a quienes estamos obligados a respetar en sus pensamientos y decisiones.
Por supuesto que eso no implica que escondamos los errores y las malas prácticas de los que como políticos ejercen cargos públicos por elección popular o nombramiento, aunque sean de nuestro partido o por el que votamos, o que cuando cuestionemos a los gobernantes de otros partidos, no lo hacemos por simple oposición, ideología o sectarismo, sino porque los hechos demuestran que están actuando al margen de las leyes establecidas y los lineamientos de administración pública, decimos todo lo anterior para hablarles hoy de los próximos procesos electorales y los dimes y diretes de la corrupción, que no debe atribuirse a la política, sino a quienes ejercen cargos que aprovechan para actos de enriquecimiento ilícito.
En primera instancia, el derecho que tienen todos los hondureños mayores de 18 años de contar con el documento de la cédula de identidad, que los califica para militar, aspirar a cargos de elección popular, elegir y ser electos, pertenecer a partidos inscritos o ser parte de los que apoyan la formación e inscripción de nuevos partidos políticos en el país, inclusive el derecho a retirarse de un partido y pasar a ser parte de otro, o que, utilizando el libre albedrío de que nos dotó Dios nuestro Creador, depositar nuestros votos por candidatos de otro partido, votar en blanco, asistir a las urnas y dejar en blanco las papeletas, pero no es recomendable dejar de asistir a una obligación ciudadana tan importante para el sistema democrático de vida, el ejercicio de libre sufragio, que nos hace responsables de elegir a los que rigen nuestros destinos, sea en el gobierno de la República, Congreso Nacional y corporaciones municipales del territorio nacional.
En cuanto a los deleznables actos de corrupción que desgraciadamente vienen ocurriendo en todas las administraciones, los poderes del Estado crearon los entes de control y vigilancia de la administración pública centralizada y descentralizada, autónomos, municipalidades, así como los organismos legislativos y judiciales, así que lo que ha fallado es la diligencia de los funcionarios de la Procuraduría General de la Republica, Tribunal Superior de Cuentas, Auditores Internos y Ministerio Público, lo que nos hace concluir que la política no es sinónimo de corrupción, sino los actos ilícitos de enriquecimiento de empleados y funcionarios públicos, que no deben quedar impunes, al ser investigados, denunciados y elevados a juicio en los tribunales de justicia competentes del país.
Los profesionales que sean electos para los órganos de control, vigilancia, investigación, denuncia y enjuiciamiento de los delitos de orden penal cometidos, especialmente los relacionados con actos de corrupción en las entidades del Estado, pese a que las propuestas de sus candidaturas provienen del gobierno, el propio Congreso Nacional y los partidos políticos allí representados, deben mantener su independencia a la hora de actuar, resistiéndose a las presiones que les puedan llegar, sino ateniéndose a las pruebas de los delitos cometidos, que debidamente sustentadas por las auditorías realizadas o por investigaciones del Ministerio Público, permitan presentar las denuncias concluyentes, elevándolas ante los Juzgados Anticorrupción de competencia nacional, para que en las etapas del juicio se compruebe la responsabilidad de los imputados, que la Constitución y las leyes vigentes les otorgan el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia, mientras no sean vencidos en juicio, se emitan las sentencias a que haya lugar, sea de culpabilidad con los años de prisión que ameriten, o de sobreseimiento y libertad si resultaren no culpables.
De manera que corresponde a los partidos políticos, a las autoridades de los poderes del Estado, evitar la impunidad y castigar severamente a los responsables de actos de corrupción, para recuperar la credibilidad de la ciudadanía que concurre a las urnas para elegirlos cada cuatrienio.
