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/ 21 de septiembre de 2020
/ 12:21 am
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AQUÍ el cambio legal de todos los magistrados de la Suprema se produce, agotado el período, cada siete años. Fue instituido un término mayor de permanencia a los magistrados, al período presidencial, con el ánimo de dar al Poder Judicial más estabilidad y, virtud de ello, mayor independencia a los jueces. A modo de eliminar la tentación a cada gobierno entrante de querer quitar la Corte Suprema de Justicia para adecuarla a interés político. Sin embargo, pese al período fijo de los magistrados, ello no ha sido estorbo a los políticos cuando se les ha antojado darle vuelta de carnero. Ni impedimento a su remoción, como sucedió cuando se volaron casi íntegra la Sala Constitucional. En los Estados Unidos –como garantía de verdadera independencia– la permanencia de los magistrados del más alto tribunal de justicia, es vitalicia. Solo en casos excepcionales hay aperturas por renuncia de alguno de ellos debido a limitaciones por su avanzada edad o graves circunstancias de su salud.

Cuando se produce una vacante, no hay juntas nominadoras de sectores sociales encargadas de meter su cuchara donde no les incumbe. Ya que un cargo tan importante es asunto de Estado. Que debe decidirse, ajustado al debido equilibrio –de los pesos y contrapesos– entre los otros dos poderes independientes. Solo aquí ocupan mariposas revoloteando de complemento a la falta de suficiencia del sistema. El Ejecutivo hace la nominación de su candidato. El Senado estudia la propuesta, realiza las audiencias, y decide sobre la elección. La democracia norteamericana, desde sus raíces, ha perdurado como un sistema político bipartidista. No como prolífico surtidor de una plétora de partidos. (Allá las negociaciones políticas para llegar a acuerdos, y medio asegurar la gobernabilidad, es entre dos bandos, no a la garduña). La Corte Suprema, entonces, ha sido integrada por liberales y conservadores, acorde con las administraciones demócratas o republicanas que tuvieron opción a llenar vacantes. Aunque esa clasificación no siempre calza a los moldes, ya que un juez de esa categoría valora su prestigio y la calidad académica de su criterio jurídico –no influjos políticos– cuando le toca terciar en una sentencia del colectivo. La muerte de Ruth Bader Gingsberg –“jueza heroína pop de la cultura liberal”– sin duda produce un estremecimiento de las instituciones. Ocurre en una sociedad políticamente fracturada, más ahora en la antesala de una elección presidencial y renovación de asientos claves en la cámara alta y baja.

Pero, además, porque abre la puerta a que el actual presidente nomine su sucesor o sucesora, entre los nueve miembros donde ya ha colocado a dos.

Ello vendría a alterar el equilibrio ideológico del más alto tribunal de justicia norteamericano, a favor de los conservadores. El líder del Senado ha dicho que someterá a consideración la nominación de POTUS. Sin embargo los demócratas reniegan violación al precedente impuesto por ellos mismos “cuando en 2016 rehusaron considerar un nombramiento para la Corte Suprema previo a unos comicios”. Gingsberg era la líder del bloque progresista de cuatro magistrados. El voto pendular lo ha ejercido el magistrado John Roberts en votaciones sobre inmigración, derechos de homosexuales y otros temas calientes de la “guerra cultural”. Con otro magistrado conservador, sumarían seis colocados durante administraciones republicanas, versus tres progresistas, elegidos en administraciones demócratas. Por supuesto que la elección de este magistrado es un acontecimiento. La nominación más decisiva, quizás, en la historia de los tiempos modernos de la corte. Algo que será utilizado como llave de inflexión. Y como gancho en la campaña proselitista de cara a la elección presidencial.

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