¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
En 1969 el Partido Nacional, a fin de “contribuir al desarrollo de la conciencia cívica”, divulgó el “proceso a que fue sometido el filibustero William Walker”, acusado de invadir la isla de Roatán y adueñarse de Trujillo -“con más de noventa forajidos”- el 6 de agosto de 1860, ocasionando la muerte de dos soldados y dejando cuatro heridos. Por esas y otras fechorías, Walker fue pasado por las armas.
Después, la cúpula del partido -con apoyo liberal- aprobó en el Congreso Nacional la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El decreto lo suscribieron, por el Congreso, Juan Orlando Hernández, presidente, Rigoberto Chang Castillo y Gloria Aurora López, secretarios; por el Ejecutivo, el presidente de la República Porfirio Lobo y el secretario en los despachos del Interior y Población, Áfrico Madrid (2013).
Los 46 artículos de la ley, dejan en el ánimo el amargo efecto de que su redacción la efectuó una junta de avorazados inversionistas extranjeros, en vez del parto diputadil, de los miembros en su mayoría de un partido que, a decir verdad, de nacional no le queda más que el nombre, con que figuras de antaño, Manuel Bonilla, Tiburcio Carías, Juan Manuel Gálvez, otorgaron concesiones y suscribieron convenios ya lesivos al país. Para poder crear una ley tan vergonzosa -que permite la apertura de zonas autónomas y extranjerizadas- la aplanadora legislativa reformó -seis meses antes- los artículos 294, 303 y 329, relativos al régimen departamental y municipal, a la impartición de justicia con magistrados y jueces hondureños sometidos a la Ley Fundamental y la promoción por el Estado del desarrollo económico y social.
Alineada la indignidad, se acordó que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y normativa, desarrollar centros financieros nacionales e internacionales, ciudades autónomas, zonas sujetas a un sistema jurídico especial, zonas turísticas, mineras, forestales, etc. Gozan de autonomía funcional y administrativa, de tribunales autónomos e independientes capaces de adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo; poseen autoridad para crear su presupuesto, recaudar y administrar sus tributos, determinar las tasas por los servicios que presten, celebrar todo tipo de convenios o contratos, incluso a lo largo de varios períodos de gobierno.
Asimismo, están autorizadas para crear sus medios de publicación. Un todopoderoso Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, integrado por 21 personas de reconocida capacidad y prestigio internacional en el sector privado, regulará las actividades de la Zede, en lugar del Estado hondureño. Sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso y propondrán, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, un listado de diez personas para ocupar los cargos de jueces y magistrados. El Secretario Técnico será el funcionario ejecutivo del más alto nivel; una de sus funciones le asigna dirigir la administración y el gobierno de las Zede, las cuales están sujetas a jurisdicción especial con tribunales autónomos e independientes y su normativa establecerá penas aplicables a quienes pretendan interferir en el ejercicio de la citada función jurisdiccional.
Por si lo desconocen los mandos policiales y militares, estas zonas transnacionales dispondrán de órganos de seguridad interna: policías, agentes de investigación, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario. En interés de las Zede, el Estado podrá expropiar propiedades privadas y, en casos precisos, las Zede podrán ejercer ese derecho expropiatorio. Suma y sigue. Las Zonas contarán con un régimen fiscal independiente y será potestad suya la recuperación de tributos. Son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional; están libres del pago de todo impuesto, arancel, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y otros. En fin, podrán tener sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia. CONATEL deberá cederles la administración del espectro radio-eléctrico que aún no haya sido asignado. Los jueces y magistrados serán nacionales o extranjeros.
¡Frente a las amenazas de las Zede en Roatán, elevamos la protesta junto al pueblo preterido de Islas de la Bahía!
