Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
Tal como es del conocimiento público, la democracia es una forma de gobierno inclusiva en la cual se da cabida a todos los grupos y opiniones sin condicionamiento alguno. Obviamente representa un espacio donde convergen todos aquellos dirigentes o conductores políticos honestos, serios y responsables que velan por los intereses de la ciudadanía en general.
Dentro de este contexto la democracia da voz al pueblo, al hacerlo partícipe en la toma de decisiones, permitiéndole expresar libremente sus opiniones. No obstante, lo anterior los hechos demuestran que la democracia se está viendo amenazada en diferentes partes del mundo por el protagonismo de la corrupción política, la que de entrada se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e inducen a realizar un muy mal uso de los recursos financieros a los que tienen acceso, haciendo prevalecer sus propios intereses personales o los de sus allegados, con el propósito de conseguir una ventaja ilegítima ordinariamente de forma secreta y privada, poniendo de esa manera en precario la tan anhelada transparencia y efectividad, a lo que tanto aspiramos los ciudadanos (as) bien nacidos.
En el momento histórico que vivimos actualmente, un aspecto importante de puntualizar es que se advierte que hay conciencia a nivel nacional en cuanto a los estragos que nos ha provocado el COVID-19, pues una significativa cantidad de empresas han tenido que cerrar operaciones produciéndose un masivo desempleo con un efecto letal para el pueblo. Obviamente su impacto lo ha sido en todos los ámbitos como ser: educación, salud, económico, político, social, etc.
Pero hay algo que merece un señalamiento específico y es lo relativo a lo ocurrido con los actos de corrupción relacionados con la compra de medicinas para el tratamiento del COVID-19 incluyendo la adquisición de los denominados hospitales móviles. Realmente ha sido vergonzoso, tal como lo demuestran los hechos concretos, el accionar de muchos funcionarios que valiéndose de sus cargos e influencias se han enriquecido sustantivamente de la noche a la mañana mediante un proceder corrupto, mientras el pueblo se está hundiendo en la peor de las miserias y desesperación.
Recuérdese que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Ello plantea como un imperativo categórico un combate efectivo contra la corrupción, generando conciencia en la población de un verdadero accionar, efectivo y transparente, con miras a que esos delitos cometidos por los corruptos a los distintos niveles de la administración pública o vinculados a ella, no queden en la impunidad y que en definitiva se luche esencialmente por la erradicación de la impunidad y por la implantación de un gobierno electrónico, para impulsar la tan ansiada transparencia en la administración pública.
Si queremos a nuestra Honduras, que ya no haya más indiferencia con relación a la corrupta administración pública y siendo que el próximo año son las elecciones generales, sugerimos a los aspirantes a cargos de elección popular, empezando por los propios aspirantes presidenciales, que asuman el compromiso de luchar de principio a fin por la erradicación de la corrupción, impulsando incontinenti la puesta en vigencia de un gobierno electrónico con miras a garantizar la transparencia y efectividad, en coincidencia con los requerimientos de la sociedad actual.
Sobre el tema, distinguidos tratadistas del tema puntualizan la corrupción como: “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta”. En esencia se trata de un término opuesto a la transparencia.
Obviamente, las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. Destacan además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación de fondos, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.
Además, la corrupción ordinariamente facilita otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados, puesto que el accionar es amplísimo.
Ante la triste realidad que en el campo de la administración pública hemos venido viviendo, desde ya debe asumirse un papel protagónico con miras a la erradicación de la corrupción, pero los aspirantes presidenciales, congresistas y alcaldes deben prometer y jurar al pueblo, que ese accionar corrupto será definitivamente sancionado y que en su gestión la transparencia, efectividad y rendición de cuentas será su norma esencial de conducta.
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