Esperanza para los hondureños
Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Creo firmemente que el triunfo del “SÍ” en Chile nos puede servir como ejemplo para aprender algunas lecciones muy importantes para el futuro de la democracia en América Latina, sobre todo para entender cómo funciona el Estado y en dónde radican las causas del deterioro económico. Según los que se inclinan por una nueva constituyente, esta vez sí habrá una verdadera representatividad popular en el poder y una mejor distribución de la riqueza, debido a que los servicios del Estado son de pésima calidad, y los que ofrece el mercado resultan inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos que aún permanecen estancados en el ascenso hacia una digna movilidad social ascendente.
Después de casi cien años de convivencia con el Estado intervencionista, resulta imposible convencer a la gente de que solo el mercado, cuando opera en un ambiente libre de regulaciones excesivas, puede lograr que una sociedad -como en el caso de Chile-, pueda alcanzar la prosperidad y la riqueza a partir de un alto crecimiento económico sostenido. Quien falla no es el mercado, sino el tipo de Estado y su política económica keynesiana que ha resultado ser un verdadero fracaso. Cuando el Estado no acompaña el crecimiento económico a través de la inclusión social y la prestación de servicios de calidad, resulta imposible hablar de una prosperidad equitativa. Es natural que la gente busque al sector privado.
El mercado funciona mejor en ambientes políticos muy democráticos, con un alto grado de representatividad popular, lo cual se produce cuando el Estado brinda seguridad y eficiencia jurídica, mientras el sector privado absorbe la mayor cantidad de personas en edad de trabajar. Así, los ingresos vía salario, les permite a las personas costearse los servicios sin necesidad de regalías baratas y de pésima calidad. Cuando la economía y la población crecen, pero los servicios públicos menguan en calidad y disponibilidad, entonces, los detonantes sociales emergen, principalmente cuando los miembros de una sociedad como la chilena, poseen un alto grado de consciencia política. Los chilenos experimentaron los efectos de un sistema socialista empobrecedor y de una dictadura que, aunque no les guste a algunos, fue la que impulsó la generación de la riqueza mediante la aplicación del proyecto liberal que revolucionó la economía con indicadores jamás vistos en la historia latinoamericana. Pero, desde 1990 los chilenos con viven con gobiernos intervencionistas que han dejado escapar la oportunidad de distribuir equitativamente esa riqueza.
El intervencionismo ahoga las posibilidades de un crecimiento económico por las excesivas reglas que le impone al mercado, y porque tiene serias deficiencias en la redistribución de los recursos, por su alto grado de populismo y corrupción. Lo sostenemos con creces: no es deber del Estado ofertar los servicios públicos que el mercado bien puede brindar, porque ya sabemos que los intereses políticos en las empresas estatales se anteponen a las exigencias de los usuarios. Existen ejemplos irrebatibles de ello, pero, por alguna extraña razón que habría que buscar en las teorías freudianas, la gente se empecina en creer que solo el estado intervencionista es capaz de llevar el progreso y distribuir la riqueza equitativamente, mientras que el sector privado está plagado de personajes codiciosos y faltos de sensibilidad social.
La lección que nos deja el caso chileno es que, en América Latina, lo único que crece es el tamaño de la burocracia estatal, pero no la economía, ni la prosperidad poblacional. Quien se beneficia de todo ello es un pequeño grupo de allegados al estado incluyendo empresarios y líderes gremiales de todo tipo. La única salida con la que contamos mientras viajamos en el “Titanic” económico es un sistema de mercado abierto, sin privilegios estatales, y un Estado libre de corrupción, que se preocupe realmente por los asuntos sociales.
