ZEDE Perspectiva desde derechos humanos
Por: Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
La suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), o popularmente conocidos como tercer país seguro, es un mensaje de flexibilización de las políticas de control externo migratorio de Estados Unidos de América, sin embargo, no impacta en la causa estructural que mueve a las personas migrantes a salir en caravana desde los países que conforman el Triángulo Norte.
El fenómeno de las caravanas de migrantes, provenientes del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) se debe abordar desde un enfoque multidimensional en sus causas, implicaciones y desafíos en cuanto al deber estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes y la seguridad de estos, en un contexto agudizado por las medidas de control migratorio adoptadas en los pasos fronterizos de Guatemala y México.
Las fuerzas estructurales impulsoras de la migración del Triángulo Norte obedecen a contextos económicos, de pobreza y desigualdad, los factores de expulsión identificados son: el endeudamiento, desempleo, bajos salarios, dependencia del trabajo agrícola diurno, la variabilidad climática, clima extremo, erosión del suelo, desastres naturales, separación familiar, violencia, extorsiones y el crecimiento anual del Producto Interno Bruto insuficiente en el cual persisten la pobreza y la desigualdad; en este sentido, todos los factores referidos, constituyen actualmente desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales, que a la luz de la responsabilidad internacional de los estados parte, sobre derechos humanos, comprometen y detienen la progresividad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, sobre todo ahora en contexto pandémico (covid-19), que evidentemente apuntan hacia el retroceso del bienestar social.
La desaceleración de la pobreza, alcanzada para el año 2017 por los países que conforman el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) pudo obedecer a una “reactivación pasajera” de la economía, y resultó ser un insuficiente factor de retención para sus poblaciones más vulnerables, puesto que en Honduras y Guatemala para ese año más de la mitad de la población continuaba siendo pobre.
En Honduras, por ejemplo, ante un contexto de crisis sanitaria y económica, provocado por la pandemia por la covid-19, agravado por los fuertes impactos negativos de las tormentas Eta e Iota, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2020 el PIB se contraería en 8%, frente a un crecimiento del 2.7% en 2019. Consecuentemente la desaceleración de la economía se explica por una fuerte disminución del consumo privado, la caída de la inversión pública y privada, y el desplome de la demanda externa, causas que aceleraron la pobreza y provocaron choques en los factores de expulsión.
En cuanto al dato de flujos de migrantes a nivel de las Américas, lo cual incluye el Triángulo Norte, las estadísticas de los distintos países no son directamente comparables, debido a las diferencias en los criterios utilizados para identificar a los migrantes internacionales (por ejemplo, la definición de la residencia y la duración de la estancia), los métodos de recopilación de datos, las fuentes de datos sobre los flujos migratorios internacionales (como los registros civiles, las estadísticas de las fronteras, la expedición de permisos de residencia, etc.) y los criterios para determinar el país de origen y de destino del migrante, lo cual representa una debilidad estructural para la desagregación del dato por país, sin embargo sí nos presenta un catálogo de datos globales, pero, ¿son estos datos suficientes para la toma de decisiones de los estados en relación a las medidas de control del flujo migratorio en sus puestos fronterizos?
Es menester, en aras de la construcción de la paz regional, no discriminar, no criminalizar y no estigmatizar las caravanas de migrantes, ya que la condición de estas personas, son la expresión más real del debilitamiento de nuestras democracias, el Estado de derecho y la globalización, puesto que responden a la suma de violaciones estructurales históricas a los derechos humanos de los más vulnerables. Consecuentemente, de no propiciarse el desarrollo de los factores de retención a nivel nacional, las caravanas seguirán surgiendo y cada vez con mayor fuerza social.
