Óscar Lanza Rosales
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Los habitantes de los países pobres como Honduras, que hemos tenido un mal manejo de la pandemia, resentimos que los actos de corrupción hayan aflorado con mayor fuerza -el caso de la estafa de los hospitales móviles por 1,200 millones de lempiras, inservibles y sobrevalorados, según los entendidos, en un 69%- lo mismo que el despilfarro de recursos financieros, aumentos de sueldos de funcionarios públicos de 3 a 5 salarios mínimos, comenzando con los del Banco Central de Honduras, y dándonos por enterados ahora, que con las probables vacunas a que vamos a tener acceso, tendremos un déficit en las mismas de más de 80%, para inmunizar a todos los hondureños. ¿Adónde está el cumplimiento de esa aspiración a una sociedad socialmente justa que pregona el preámbulo de la actual Constitución de Honduras? Cuando expresa: “Nosotros, diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, …decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un Estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa …propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, …y el bien común”.
Hasta países ricos como Nueva Zelanda, lo primero que hicieron al comenzar la pandemia fue recortarse los sueldos de los funcionarios en un 20-25%. Pero aquí los funcionarios públicos y los diputados no alzaron su voz para bajarse los sueldos. Más bien, algunos se han hecho los enfermos para que no los molesten los activistas políticos. Los hondureños esperábamos que el gobierno tomaría medidas ejemplares, para beneficiar a la mayoría de los pobres, que con las graves consecuencias adicionales de los huracanes Eta e Iota, están sufriendo miseria y hambre. Con la crisis: ¡no se ha visto el desprendimiento de los políticos hacia sus gobernados! Por lo que ese enunciado de la Constitución, en la vivencia de la pandemia, ha resultado papel mojado.
A nivel internacional, con el acceso desigual a las vacunas, cuando 10 de los países más ricos ya se adjudicaron un 75% la producción de 2021, tampoco se ha cumplido con la Carta de la Naciones Unidas ni la Declaración de los Derechos Humanos.
A la humanidad le duele que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) directamente o a través de la OMS, en esto del acceso a las vacunas, no ha servido hasta la fecha, como el centro que armonice los esfuerzos y la cooperación de las naciones para alcanzar una solución equitativa y justa, como dicen los propósitos de su fundación. Entonces, ¿para qué sirve la ONU?
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos está “todo individuo tiene derecho a la vida” y “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y…, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. ¡Todo eso no se ha cumplido! Tienen derecho a la vida los que viven en los países ricos como Canadá, que se dio el lujo de comprar 5 veces sus necesidades de vacunas. ¿Cuál igualdad? ¿Cuál fraternidad? Por supuesto existen excepciones, como Australia, que adquirió vacunas, pero las compartió con sus islas vecinas Fiyi y Vanuatu.
Pero este llamado de solidaridad amigos lectores, no se ha hecho realidad a nivel local, ni a nivel global, imperando con tristeza hasta la fecha, el lema inhumano “que cada quien se salve como pueda” ante este virus mortal, que ha sepultado hasta la fecha más de dos millones de personas del planeta.
Como los países de bajos y medianos ingresos han quedado al margen de la vacunación y en vista de esto se les ha implorado solidaridad a las naciones ricas para que todos hagamos un frente común a esta peste por medio de igualdad de condiciones y con equidad – apelando a la Carta y la Declaración de Derechos Humanos de la ONU- ha nacido una esperanza al ver que la ONU por fin hizo un llamado fuerte la semana pasada a la solidaridad y equidad en el acceso a las vacunas.
Ante ese pronunciamiento, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el pasado viernes 26 de febrero, por unanimidad, una resolución impulsada por el Reino Unido que exige equidad en el acceso a las vacunas contra la covid-19, y recomendando donar las mismas a los países de ingresos bajos y medianos.
Esperamos que esta resolución nos ayude -y no llegue demasiado tarde- a paliar la crisis de la vacunación en el mundo de los países atrasados y subdesarrollados.
