Fernando Berríos
Realmente da escalofríos informarse sobre todo lo que ha ocurrido en el país vecino de El Salvador. En una demostración sin precedentes de uso ilimitado del poder, el presidente Nayib Bukele no solo ha demostrado (una vez más) su naturaleza dictatorial sino también (y mucho peor) el desprecio por la institucionalidad democrática, el balance y la separación de poderes.
Convertido en un presidente muy popular, por su irreverencia y su imagen “cool”, este político ha mostrado que está dispuesto a cruzar cualquier límite para demostrar su poder.
Meses atrás, estuvo a segundos de asestar un golpe de Estado al Poder Legislativo y solo dio marcha atrás cuando, en una breve reflexión mientras usurpaba la silla presidencial de la asamblea, optó por no concretar una acción que el mundo democrático ya miraba con preocupación.
Entró con las fuerzas militares al mejor estilo de los años 60, 70 y 80, cuando los uniformados ponían y quitaban gobiernos. Ese fue un día triste para la democracia salvadoreña, porque no es a punta de fusiles que se modifica la voluntad popular.
Hoy, esa asamblea es completamente diferente. En las urnas, el partido de Bukele logró una mayoría absoluta y esa voluntad popular, si bien es peligrosa porque concentra el poder, debe respetarse por la simple y sencilla razón de que así lo determinó el pueblo salvadoreño.
Ahora bien, no creo que los salvadoreños hayan medido o acepten que otorgar todo ese poder deba servir para asestar otro golpe de Estado, esta vez al Poder Judicial.
La decisión de despedir a los magistrados y al fiscal general para poner en su lugar a los “afines” al bukelismo, solo demuestra el menosprecio del actual gobernante por la institucionalidad y por el Estado de derecho.
Aquí no se trata de poner a los afines, como él mismo lo defendió en la accidentada reunión con la comunidad internacional. Aquí no se trata de quitar a los opositores para poner a los afines, porque no es así como se perfecciona una democracia.
Muchos países latinoamericanos habían avanzado suficiente en estos procesos de selección, de manera que los mismos no coincidan con los períodos presidenciales. Esto se hace, precisamente para que unos controlen a los otros, mediante un sistema de gobierno de pesos y contrapesos.
En el caso de Honduras, lograr eso es muy difícil porque tenemos 12 años con el mismo partido gobernando el país. Pero cuando ha habido alternancia, a nacionalistas les tocó gobernar con los poderes Legislativo y Judicial en manos de liberales y viceversa.
Esos eran mejores tiempos, precisamente se limitaban esas componendas políticas para escudarse en pactos oscuros o partidistas.
Sin duda alguna, más allá de tener un presidente “cool”, los salvadoreños caminan vertiginosamente hacia una dictadura que, más temprano que tarde, generará graves consecuencias en la institucionalidad democrática.
No hay dictadores buenos. El dictador es dictador y es peligroso porque es un enfermo de poder. No respeta las leyes. No acepta la crítica por muy constructiva que sea.
Y si no veamos lo que ha hecho la nueva Asamblea Legislativa. No demoraron en asestar un duro golpe a la libertad de prensa, al imponer impuestos a todos los medios de comunicación escritos que se han atrevido a cuestionar las decisiones del nuevo régimen.
Esta es una afrenta sin precedentes contra la libertad de prensa, es un hecho sin precedentes que demuestra el poco respeto por la prensa que cuestiona y que genera el contrapeso a los excesos gubernamentales.
Los medios de comunicación son vitales para el fortalecimiento democrático y las libertades civiles. El menosprecio hacia todo aquello que no conviene al régimen, solo demuestra que El Salvador vive ahora una autocracia, es decir, un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Dictador es dictador.
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