Por: Edmundo Orellana
“La creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional, por mayoría calificada”, según la Constitución. La Ley Orgánica de las ZEDE, por su parte, dispone: “Corresponde al Congreso Nacional la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
Es, pues, “atribución exclusiva”, según estos textos legales, del Congreso Nacional la creación de las ZEDE. Los requisitos para crearlas, sin embargo, varían, según se trate de “zonas de baja intensidad poblacional” o de alta intensidad poblacional”. Para estas, la Constitución y la ley requieren que, por unanimidad, la población asentada en el área respectiva manifieste su aceptación mediante un plebiscito que practicará el CNE. Para las primeras, en cambio, bastará un dictamen del INE certificando su condición de “zona de baja intensidad poblacional”. En ambos casos se cede territorio y soberanía.
No obstante, el gobierno reconoce que autorizó tres ZEDE, en Roatán, Choloma y Choluteca, sin el previo decreto de creación emitido por el Congreso Nacional, y que otras más están por ser autorizadas. En otras palabras, confiesa que violó la Constitución y la ley, usurpó atribuciones del Congreso Nacional, mutiló el territorio nacional y, desafiante y orgulloso de su crimen, declara que seguirá haciéndolo.
Ante confesión de parte, relevo de pruebas. El gobierno incurrió en el execrable delito de traición a la patria. Una vergüenza más que ostentará junto al de ser el más corrupto de la historia y al de haber atropellado el honor de la República utilizando la institucionalidad para proteger el trasiego de la droga hacia Estados Unidos.
Alegan los traidores a la patria que una de las causas principales es ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas que se animen a operar en esas zonas. Si el acto fundacional de cada ZEDE es inconstitucional e ilegal ¿de qué seguridad jurídica están hablando?
El tema de las ZEDE ha cobrado renovado interés por una iniciativa impulsada por el gobierno para reformar su Ley Orgánica. Algunos piensan que es un simple distractor por todos los problemas que enfrenta el gobierno. Otros, entre los que me incluyo, pensamos que la arremetida va en serio, porque, sin amaños, reconocen que ya crearon y están por funcionar tres ZEDE y otras más estarán operando muy pronto, como advirtiendo que lo decidido no tiene marcha atrás, cualquiera que sea el resultado de las elecciones generales.
En todo caso, con la confesión del gobierno debemos estar conscientes de que estamos pisando terrenos peligrosos. Porque los actos emitidos por un gobierno gozan de la presunción de legitimidad y los beneficiarios (de buena o mala fe) dan por sentada la legalidad de los derechos que de estos emanan. Beneficiarios que, por la naturaleza de las ZEDE, son empresas cuyos socios, mayoritariamente extranjeros, buscarán la protección de los Estados de los que son nacionales para, en caso de reversión de la situación, exigir que se respete el estatus de entidades soberanas de las ZEDE, o que se les indemnice. No importa que el acto esté viciado de nulidad absoluta y que la Constitución disponga que los extranjeros solo en caso de denegación de justicia podrán acudir a la tutela de sus respectivos estados, porque la experiencia nos enseña que no es así. El caso de Temístocles Ramírez es un ejemplo doloroso en nuestra historia.
También nos invita a pensar que detrás de estos proyectos de mutilación del territorio nacional y de entrega de soberanía hay algo más que el interés de atraer inversión extranjera, puesto que difícilmente un inversor cuya fuente de financiamiento sea legítima aceptaría el riesgo de iniciar operaciones en una ZEDE a sabiendas de que su acto de creación, emitido por un gobierno totalmente desprestigiado, es inconstitucional e ilegal.
De dudosa reputación serán, entonces, los inversores que acepten operar en esas condiciones, a las que debemos agregar la de una amplia permisividad del régimen de las ZEDE en el aspecto financiero. Entre los que podríamos incluir, no solo los aventureros, que ven una oportunidad para ganar, aunque se derogue el régimen bajo el cual se crea, sino también aquellos que buscan afanosamente un área para operar libre de toda restricción, como los lavadores de dinero y los narcotraficantes.
¿Por qué la prisa? ¿Qué los mueve a reconocer cínicamente que les importa un comino lo que la ley disponga? Se sospecha que los traidores a la patria pretenden crear refugios seguros, con cuerpos legales que ofrezcan impunidad, para quienes la necesiten después, considerando que las ZEDE son impulsados por el gobierno más corrupto de la historia, que no solo alentó el latrocinio más despiadado, sino que atropelló el honor de la República poniendo la institucionalidad a disposición del crimen organizado.
Los llamados a detener esta masiva mutilación del territorio nacional, cuyas consecuencias serán devastadoras para la nación, son los diputados opositores y el Ministerio Público, y de no hacerlo serán cómplices con los traidores a la patria en la consumación de ese abominable crimen. Para animarlos a actuar, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
