Por: Óscar Núñez Sandoval, PhD
Economista
“A veces el Estado no tiene otro remedio que
buscar fuera quien haga los trabajos sucios”.
José Saramago
José Saramago (1922-2010), fue un escritor portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998. En su libro Las intermitencias de la muerte, con su genial imaginación e ironía, nos lleva a un país en el cual las personas dejan de morir, lo cual en poco tiempo pasa de la euforia a la desesperación. La vejez eterna en los humanos convierte a los ancianos en estorbos irremovibles. Con la ausencia de la muerte, florece el negocio de los servicios que ofrece una mafia a las familias que deseen llevar a la frontera de cualquiera de los tres países vecinos, a los ancianos o moribundos para que puedan morir y ser enterrados en el territorio de esos países, o transportados ya muertos a su país de origen. Como es de esperar, en torno al floreciente negocio se corrompen las conciencias de la burocracia política y militar que se confabula con la mafia con acuerdos explícitos o tácitos.
La parte de este libro que inevitablemente asocio con este dilema es el problema de la emigración de miles de compatriotas y de otras nacionalidades, hacia los Estados Unidos. Contrario a la narración del libro, la muerte y desesperación presente en nuestro país, mucho antes de la pandemia del COVID-19, impulsa a miles de personas a emigrar, buscando mejores opciones de vida para ellos y sus familiares. En el ingenio del libro, eran los ancianos y enfermos terminales que fueron llevados a morir, al poner un pie en el otro país; en cambio irónicamente en nuestra realidad, son adultos sanos, jóvenes y niños los que están huyendo. Como resultado, también en estas latitudes, surge el negocio de mafias que favorece el tráfico de personas, drogas y armas.
Cada día hay noticias alarmantes sobre menores no acompañados, que en su gran mayoría tienen padres o parientes cercanos que viven en Estados Unidos. Llena de tristeza saber que los padres o familiares toman esta decisión tan difícil de pagar “coyotes” para que trasladen a sus hijos menores hasta la frontera, para que se entreguen a las autoridades de migración, o en casos extremos, son arrojados al río Bravo para que sean rescatados por los miembros de la patrulla fronteriza. Los menores que cruzan la frontera, una vez cumplidos diversos procesos, son entregados por las autoridades a sus padres, parientes o patrocinadores en Estados Unidos. Eso significa que tienen la oportunidad de presentar una solicitud de asilo, la cual no necesariamente es aprobada.
Las autoridades hondureñas deben tomar conciencia de la gravedad del problema de la emigración y buscar opciones para atacar las causas que motivan a los miles de compatriotas a arriesgarse a morir, desintegrar la familia o sufrir las consecuencias de una aventura llena de incertidumbre y problemas, no solo para ellos sino con sus hijos menores. Sin duda, hay que enfrentar los altos niveles de pobreza, la falta de empleo digno y la violencia extrema atribuible a las pandillas y al crimen organizado. Para nuestro país, la relación costo/beneficio de la emigración de jóvenes y niños es alta, sobre todo si se considera el cumplimiento de los derechos humanos, y no debe asociarse únicamente con los flujos crecientes de las remesas familiares, que de forma optimista anuncian las autoridades del Banco Central.
Para los líderes que resulten electos en las elecciones generales del próximo mes de noviembre, el reto es grande y deberán actuar con premura. Con limitados recursos y poca capacidad de endeudamiento, la magnitud de los problemas del país nos indica que tomará más de un ciclo electoral crear las condiciones para que los hondureños no se vean obligados a emigrar, y que ese recurso humano sea atesorado como la principal riqueza del país.
