Reflexionando sobre el Tratado salvadoreño-chino
Por: Carlos López Contreras
Ex Canciller de la República
En agosto de 2018, un periódico de El Salvador titulaba ¿Es la ley de Zona Económica Especial una camisa hecha a la medida para China? En esa época, el gobierno del FMLN había establecido relaciones diplomáticas plenas con la República Popular de China y estaba negociando un tratado como el que suscribió el presidente Bukele en el 2019.
Y en su análisis, el medio salvadoreño expresaba que esa Ley ZEE proponía que el área geográfica de alrededor de 3,000 kilómetros cuadrados se convirtiera en un polo de desarrollo atractivo para inversionistas ofreciendo además de exoneraciones tributarias, incentivos como un sistema migratorio especial, un régimen aduanero distinto y un “entorno administrativo mejorado”.
Como expresábamos en días pasados, la zona de libre comercio de El Salvador, que está negociada con la República Popular de China (RPC) comprende un área de 2,887 kilómetros cuadrados, muy cerca de lo que disponía la ley propuesta por el gobierno del FMLN y que el gobierno del presidente Bukele adoptó como el marco del acuerdo que la Asamblea Nacional aprobó por 66 votos, con dispensa de debates y sin leerlo.
Como hemos observado en la información que ha trascendido de El Salvador, ese espacio económico bajo el control de la República Popular de China abarca toda la costa marítima de El Salvador en el océano Pacífico y parte del Golfo de Fonseca.
Sabido es que, por la dinámica de la historia, El Salvador surgió a la vida independiente sin costas en el mar Caribe.
¿Podría el tratado secreto que acaban de aprobar en la Asamblea Nacional convertir a El Salvador, nuestro vecino, también en un país sin litoral en el océano Pacífico, al menos durante los 30 años que duraría la zona económica especial en favor de China?
Sería de interés conocer cómo se conjuga esta zona económica con el sistema de la integración centroamericana. Qué reacción tendrán México, Japón, Estados Unidos de América y la Unión Europea frente a este nuevo escenario de nuestra subregión. También vale la pena indagar qué piensa el gobierno de Nicaragua sobre este tratado, pues en el pasado hemos visto que ha sido muy celoso de la cesión del territorio centroamericano a potencias extrarregionales. ¿Podría producirse una especie de Tratado Bryan-Chamorro, al revés donde Nicaragua demandara a El Salvador? Posible, pero improbable, a la luz de sus propios compromisos aprobados en el marco del sonado canal interoceánico.
El posicionamiento de la RPC parece representar un primer paso geoestratégico. El sigiente paso podría apuntar hacia la costa atlántica en el mar Caribe, más cerca de la costa este de los Estados Unidos de América. ¿Pocría concebirse la suscripción de un ambicioso acuerdo con Honduras, Nicaragua, o con ambos países?
La subregión centroamericana parece asumir de forma vertiginosa la importancia estratégica que hasta ahora el paso de los siglos le ha negado.
¿Hacia dónde nos presionan los acontecimientos políticos y económicos desencadenados por el gigante asiático, segunda economía del mundo que aspira a convertirse en la primera? Convengamos que si lo que se ha aprobado en un Tratado salvadoreño-chino se cumple efectivamente, sería difícil que Honduras permanezca sustraída al influjo del dinamismo impuesto por una potencia con voluntad política de afirmarse en la subregión.
Honduras ha demostrado mucha cautela, ingenio e intuición al verse presionada por el juego de las grandes potencias. Confiemos que podrá hacerlo de nuevo, en beneficio de los intereses nacionales.
