Carolina Alduvín
PERFILES
Por: Carolina Alduvín
En las últimas semanas, el debate nacional se ha centrado en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, proyecto inconstitucional de entrada, argumento que por sí solo debería ser suficiente para descartarlo y canalizar la energía, creatividad y recursos hacia mejores derroteros, en favor de las personas. Solo que, los políticos, centrados en su beneficio personal o, a lo sumo, de grupo, por lo que se han preocupado es por maquillar artículos para intentar hacer legal lo que no es. Así, a matacaballo, hicieron algunas reformas hace unos años y engavetaron el asunto para desempolvarlo -no sabemos por qué- en estos tiempos preelectorales.
Lo quieren vender con el argumento de atraer a inversionistas extranjeros y que ellos generen los empleos que inveteradamente se necesitan, además de los que se han perdido al paso de la pandemia y los huracanes; sin embargo, parece olvidarse que los promotores son los mismos que prometieron 95 hospitales hace poco más de un año, los que saquearon el IHSS, los creadores de la ley de secretos, los que desvían los fondos de la tasa de seguridad, quienes impulsaron el nuevo Código Penal a su beneficio, que no compraron las suficientes pruebas para detectar el COVID-19 oportunamente y que tampoco hicieron las gestiones necesarias para obtener a tiempo las vacunas que hubieran salvado muchas vidas.
Lo que han sido incapaces de hacer en más de una década de manosear el poder, pretenden hacerlo en unos días, cediendo oprobiosamente, no solo terrenos, sino la soberanía nacional. Pocos son los que leen y además entienden que tales concesiones se hacen a empresas mercantiles a las que se les autoriza la gobernanza del lugar y la facultad de expropiar lo que se les antoje con un supuesto y alegado bien común.
Hay que explicar que las ZEDE estarán facultadas para tener su propia forma de gobierno, sus propias leyes penales y laborales -entre muchas otras- que los hondureños tendremos que pedir y obtener permiso para entrar o salir de ellas, que quienes produzcan dentro de ellas, deberán pagar impuestos o derecho de piso a los administradores de las mismas, que quienes viven o tienen propiedades en su delimitación podrán ser despojados y desalojados sin que nadie pueda impedirlo. Que podrán operar su propio sistema de justicia con policía, jueces y demás agentes propios, que contarán con sus propios puertos y aeropuertos para dejar entrar y salir lo que se les antoje, incluso lo que es ilegal en nuestro territorio, incluso delincuentes y prófugos.
En esas zonas, no serán aplicables los tratados de extradición suscritos por nuestro gobierno, la actual legislación hondureña solo seguirá vigente mientras cada sede no haya emitido la propia. Lo que lleva a pensar que la verdadera intención de la ley que las crea es favorecer a narcotraficantes, corruptos y todo aquel que pretenda quedar fuera del alcance de nuestro sistema legal y el de otros países, especialmente los que tienen tratados con Honduras. Aplicar esta ley inconstitucional abrirá frentes internos en Honduras y va a violentar tratados internacionales ya suscritos.
Organismos como la OEA y la ONU ya han manifestado su preocupación por la situación en que quedarían los derechos humanos y los de los pueblos autóctonos, entre otros.
La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras se pronuncia en contra, porque dicho proyecto también contempla la venta y entrega de nuestro espectro radioeléctrico en los territorios donde vayan a instalarse, privando de frecuencias radiales a nuestros habitantes rurales, afrodescendientes e indígenas. Por su parte el Colegio de Biólogos de Honduras, en la parte medular de su comunicado señala, que la instalación de estos enclaves violenta además de la seguridad jurídica en materia ambiental, el logro de sus objetivos, lo que pone en riesgo la conservación y utilización racional de nuestros recursos naturales y nuestra diversidad biológica y cultural, al afectar áreas naturales protegidas ya decretadas en el país.
Pocas municipalidades se han pronunciado en contra, destacando Tela, Omoa y La Ceiba, se olvida que son precisamente los municipios y alcaldes quienes tienen el mayor poder revocatorio sobre esta ley. Alcaldías que están a favor del desarrollo, pero con orden y legalidad, favoreciendo a empresarios locales en tiempos de pandemia y huracanes, no con ZEDE.
