Infraestructura resiliente ante desastres
Por: Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional en Comercio y Aduanas.
El tema “eléctrico” o más bien de la ENEE, que no es lo mismo, retoma fuerza de manera cíclica en los medios de prensa y ahora en el Congreso Nacional. En LA TRIBUNA recientemente bajo el título “Niegan privatización de los activos de la ENEE”, donde se aclara “La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) seguirá siendo la propietaria del por ciento de las empresas, por ende, “el Estado sigue siendo dueño, así como en este momento, el Estado es el dueño de la ENEE”, expresó el representante de los generadores térmicos, Salomón Ordóñez. Ordóñez recomienda analizar el decreto de escisión de la ENEE en su conjunto para evitar tergiversaciones y como segundo punto expone que “no es un decreto nuevo”, pues la separación fue introducida el 2014 con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).
Efectivamente, dividir la empresa en otras tres, una encargada de la generación, otra de la transmisión y distribución, está ya establecido en el marco legal desde el año 2015. Aunque no necesariamente es la solución a todos los problemas, es un paso en la dirección correcta.
Por supuesto, levantar el tema de “privatización” es una manera de obstaculizar las medidas que desde hace años vienen dañando no solamente al sector, más bien a toda la economía del país.
En esta columna desde hace varios años se viene reiterando la necesidad y conveniencia de aprovechar la experiencia de la modernización del sector en Guatemala, un país muy parecido al nuestro desde muchos ángulos, para no reinventar el hilo negro.
El esquema de modernización que sí resultó positivo y que tiene frutos ya duraderos fue el siguiente: En Guatemala, desde 1959 hasta 1996 las actividades del sector eléctrico estaban desempeñadas por dos instituciones públicas; el Instituto Nacional de Electrificación INDE y la Empresa Eléctrica de Guatemala. El resultado no fue muy bueno, el nivel de electrificación apenas abarcaba el 40%, los hogares eran abarcados por el programa (CIEN 2016). El crecimiento demográfico y de la industria superó a la generación y simplemente, los apagones y racionamientos comenzaron a ser cosa del día a día, hasta que la crisis decantó en una modificación normativa en el año 1996 donde el sector se abrió a la libre competencia. El resultado del modelo es bastante claro, el nivel de electrificación en 20 años pasó del 48% al 92.1%. La generación pasó de 2,318 gigavatios (1990) a 10,878 gigavatios (2016). En pocas palabras, el marco normativo integral del sector permitió reglas claras y estables para que los inversionistas (locales y extranjeros) decidieran arriesgar su capital en pequeñas hidroeléctricas o en parques eólicos. Nadie en su sano juicio invierte sin tener al menos el cálculo que puede ganar.
Tal vez la pregunta importante a plantearse debe estar enfocada a contestar si el marco normativo que se pretende tener llevará a consolidar las condiciones de competencia y libre mercado, reglas del juego estable y transparente que se requieren en el sector. El problema a resolver no es en sí mismo la ENEE, es pensar de manera estratégica.
