Por: Edmundo Orellana
Ese grito que se escucha por todas partes y por el que se pretende anunciar la felicidad que nos embargará cuando JOH ya no esté en el gobierno, es ingenuo.
Con las acciones del binomio MACCIH-UFECIC logramos descubrir que la corrupción en el país es parte del sistema y está controlada por una gran red de corrupción que opera desde hace muchos años, a la cual pertenecen funcionarios, políticos, empresarios, religiosos y dirigentes de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil; en fin, se trata de una red de corrupción que controla al Estado y a la sociedad.
¿Se ha preguntado usted, distinguido lector, por qué se prefirió la energía térmica en lugar de la hidroeléctrica? ¿Por qué nadie se ha decidido a rescindir esos contratos leoninos en la ENEE? ¿Se ha preguntado quiénes son los contratistas en el sector público de salud? ¿Sabe quiénes son los que monopolizan los contratos de obras públicas y quiénes son los supervisores de estos contratos? ¿Sabe usted, curioso lector, cuántos empresarios de los medios de comunicación lo son también de otras empresas contratistas del Estado? ¿Qué compromisos adquieren los candidatos a presidente con las entidades financieras que los financian? ¿Se ha preguntado por qué la OFAC no compartió información con las autoridades hondureñas cuando designó al Banco Continental? ¿Se ha preguntado por qué quebraron las empresas públicas (Hondutel, Empresa Nacional Portuaria y ENEE) pese a ser monopolios? Si se responde estas preguntas podrá comenzar a identificar quiénes son los que detentan el poder real en Honduras y los responsables del desastre que vivimos.
¿Se ha preguntado cuántos diputados son contratistas o concesionarios del Estado? ¿Se ha preguntado por qué el caso Pandora fue denunciado por un particular y no por las autoridades obligadas a ello? ¿Sabe usted por qué se emiten leyes protegiendo a los corruptos y se dictan sentencias exonerándolos? Si se responde a estas y otras preguntas de este tenor, tendrá la respuesta sobre la causa de la corrupción en el país.
El problema de nuestro país no es JOH, solamente. Es mucho más complejo. Son esas redes de poder y de corrupción que apenas atisbó el binomio MACCIH-UFECIC.
Esas redes, además, promueven e instituyen continuamente normativas para protegerse y, a su vez, se aseguran de que quienes las apliquen lo hagan bajo criterios convenientes. En otras palabras, quienes llegan al Congreso cumplen sus caprichos, emitiendo, a sabiendas o no, las leyes que convienen a quienes detentan realmente el poder y los demás funcionarios aplican estos caprichos-leyes del modo que les sea más favorable a aquellos, aprovechándose de las circunstancias, por supuesto.
En este contexto, los mandaderos hacen de las suyas. Cumplen con quien los manda, pero sacando provecho de ello. Disponen de los recursos públicos como si fuesen propios, incluso sustrayéndolos masivamente (como en el IHSS), y se protegen, dictando las normas y emiten las resoluciones pertinentes.
Por eso, estimado lector, los constituyentes, sabiamente, instituyeron mecanismos de control preventivo y represivo, con el objeto de asegurar el funcionamiento de la República, la democracia y el Estado de derecho. Por ejemplo, establecer requisitos e inhabilidades (como las de los contratistas y concesionarios del Estado) para los cargos públicos. Se prevén para escoger a los más idóneos con el propósito de que su criterio sea objetivo y profesional, sin interferencias internas y externas. Solo cumpliendo con esos requisitos e inhabilidades se garantiza que quien ejerza la función se apegue estrictamente a la ley en el Poder Judicial, MP, TSC y otros.
Si se cumplieran esos recaudos constitucionales y legales esos órganos ejercerían los controles preventivos y represivos correctamente. Se reprimirían las irregularidades en los procesos administrativos, se identificarían a los corruptos y se castigarían ejemplarmente. Pero como no se cumplen, la impunidad reina en el país.
Para desactivar los mecanismos de control preventivo y represivo, es necesario pervertir el sistema desde su raíz; desde el momento en que se seleccionan los candidatos a cargos de elección popular, es decir, en las primarias. La selección de dedo es imprescindible y se complementa con el fraude, como el que fraguaron todos los partidos en las recientes primarias y se adivina para las generales, garantizado en la nueva ley, que deja en manos de los partidos el escrutinio en las mesas. Con diputados comprometidos, sometidos a un diputado-presidente que decide por todos, se asegura el mandado. El Congreso cumple, servilmente, órdenes, emitiendo normas convenientes a los poderes fácticos, conserva la legislación de la impunidad y elige los funcionarios que desactivan las funciones de control convenientemente. Para eliminar este problema de raíz, tomemos decisiones radicales para transformar el país, expulsando esas redes de poder y de corrupción, a cuyo efecto podemos comenzar este 30 de agosto gritando con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
