Por: Edmundo Orellana
Sabido es que la corrupción es un fenómeno universal, al que se ha sumado el narcotráfico, el lavado de activos y el delito ambiental. Sin embargo, el problema nuestro es muy superior al que enfrentan otros países del continente.
La diferencia entre ellos y nosotros radica en la impunidad que reina en nuestro país. En aquellos países se previene la corrupción y se castiga ejemplarmente. En el nuestro esto no ocurre porque los controles no funcionan. Los controles administrativos, preventivos y represivos, son responsabilidad del TSC; el preventivo, por medio de las auditorías internas, que operan bajo su dirección, y el represivo que ejecuta directamente. Ambos controles son deficientes. La prueba es que los casos de corrupción más sonados ocurrieron sin que se haya enterado el TSC. En su defensa el TSC alega falta de presupuesto y otras excusas más, pero todo se reduce a incumplimiento del mandato constitucional de auditar la ejecución presupuestaria que se traduce en una patente de corso para el corrupto.
El MP también es responsable porque debe actuar de oficio o a instancia de parte. Si los controles administrativos no funcionan, es de suponer que el MP es sobrepasado en su capacidad de respuesta, porque su lucha es contra el corrupto, el narcotraficante, el lavador de activos, el asesino de ambientalistas y contra todo criminal. Si no funciona adecuadamente estimula al criminal para continuar con sus fechorías.
Judicializados los casos por el MP, son los tribunales los responsables de responder eficiente y eficazmente. Esta es la etapa en donde se sientan los precedentes y se manda un claro mensaje a los delincuentes. La indulgencia de los tribunales con estos se traduce en una invitación general a emularlos. De nada sirve que el MP sea un vigilante celoso de la ley si el tribunal favorece al criminal.
La deformación del sistema tiene su origen en el Congreso Nacional, no en el TSC, ni en el sistema de justicia, cuando en su seno se eligen los titulares del TSC, del MP y de la Corte Suprema de Justicia, valorando únicamente el activismo político, el compadrazgo o camaradería. Quienes así son seleccionados deben demostrar su agradecimiento en el ejercicio de sus funciones, atendiendo recomendaciones para proteger al correligionario, al amigo o compadre, al compañero de francachelas.
Para que esos altos funcionarios ejerzan sus funciones con objetividad, apego irrestricto a la ley y certeza, debemos asegurarnos que en su selección se ponderen únicamente sus méritos personales, laborales y profesionales, al margen de su activismo político. Solo así se garantiza que el sistema genere “seguridad jurídica” en lugar de impunidad. Por eso, debemos seleccionar a los diputados, votando únicamente por los candidatos que garanticen ese cambio.
No lo lograremos atendiendo ese llamado irracional a votar en plancha, lanzado por los candidatos a diputados que, en su mayoría, son producto del fraude en las elecciones primarias, o bien, puestos de dedo por el dueño del partido, sin considerar sus méritos, e igualmente por aquellos que pretenden repetir sin demostrar que en su desempeño como diputados lucharon contra este perverso sistema de impunidad.
Entreverados con los candidatos idóneos están los candidatospillos a quienes favorece la consigna, a la que se suman algunos candidatos idóneos, lo que despierta la sospecha de que, de resultar electos, en lugar de representarnos responderán sumisamente a consignas partidarias. El candidato idóneo que renuncia a decidir conscientemente para seguir consignas, calza en la sentencia de El Libertador: “El talento sin probidad es un azote”.
El voto en plancha anula el derecho a elegir, intrínseco a la condición de ciudadano, y, por consiguiente, el derecho a pensar. El candidato a diputado que promueve esa consigna renuncia a pensar, se convierte en un cautivo de la consigna que promueve, y, a su vez, niega, qué duda cabe, el derecho a pensar a sus electores. ¿Qué puede esperar usted, ciudadano lector, del candidato a diputado que renuncia, por una consigna partidaria, a su derecho a pensar para elegir libremente? Hoy aboga por suprimir la libertad de pensar y elegir, sacrificando la suya, mañana abogará por la supresión de la libertad total. Un pueblorebaño, obediente, guiado por consignas, en suma, un pueblo de esclavos, en lugar de un pueblo libre, es su sueño.
Si aspiramos a desmontar la dictadura y el sistema de impunidad que JOH forjó en estos 12 años, no lo lograremos con quienes pretenden imponer la “dictadura del voto en plancha”, porque, proclives a anular la libertad, acabarán con ella a la primera oportunidad e instituirán, sin dilación, una nueva dictadura, con su propio sistema de impunidad. Votemos, pues, eligiendo a los candidatos a diputados más idóneos, para ratificar nuestra condición de pueblo libre y repudiemos a quienes pretenden convertirnos en esclavos, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
