Por el emprendimiento de un gobierno electrónico
Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
Es un imperativo categórico la implantación en nuestra Honduras de la transparencia, efectividad, ética y moralidad, propios de un gobierno electrónico, lo cual nos parece sería muy positivo y constructivo. De ocurrir así, ello debe ser ampliamente valorado por todos los sectores, asumiendo eso sí, el papel protagónico que el momento histórico demanda, pues se trata de no ser simples espectadores de nuestra realidad.
Se torna un imperativo el que los distintos sectores de la sociedad hagan sus aportes para generar un cambio en el país, pues ya no podemos ser simplemente críticos de nuestra realidad o permanecer indiferentes ante la misma, sobre todo con lo que ha ocurrido en los últimos años.
Todos sabemos de las fuertes denuncias formuladas desde hace algún tiempo, sobre actos de corrupción masivos, mismos que con la COVID-19 alcanzaron un mayor dimensionamiento y existe coincidencia en todos los sectores promotores de la transparencia, en que tal corrupto accionar jamás debe quedar en la impunidad.
Hemos venido planteando en forma reiterada la ingente necesidad de implantar un gobierno electrónico. El e-government o gobierno electrónico, mismo que impulsa el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicio del Estado a todos los ciudadanos en general y sin condicionamiento alguno. En esencia, las tecnologías a utilizarse o involucradas serían justamente, las mismas que emplea el sector privado cuando de comercio electrónico se trata.
El gobierno electrónico se basa en la implantación de herramientas como portales, como redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de vinculación con la sociedad. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación conduce inequívocamente a las naciones a una forma de gobierno más abierta y transparente, más comprometida democráticamente hablando, con su pueblo. Para materializar lo anterior, se requiere disponer de liderazgo, compromiso, clarividencia y sobre todo de voluntad política, lo que debe ser promovido por la propia Presidencia de la República.
Para mejor comprender el gobierno electrónico, es preciso identificar los aspectos fundamentales que comprende: 1) El perfeccionamiento de la prestación de servicios públicos, propiciando una nueva infraestructura pública; 2) El concebir la información como la nueva riqueza pública; y, 3) La cyberdemocracia, o lo que es lo mismo, la expansión del espacio público, en coincidencia con los sagrados intereses de la sociedad en general y que anhela un cambio cualitativo en nuestro país.
Es sumamente importante lo señalado, porque la manera como las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden transformar el gobierno, interesa no solo a los funcionarios públicos, políticos, periodistas, sino también a empresarios, universitarios y a toda la sociedad civil en general. Es por lo que se debe hacer una inversión, seria y absolutamente prioritaria, en el desarrollo de las potencialidades, capacidades y competencias de la ciudadanía en general. Los propios ciudadanos tendrán que ser convocados, formados y capacitados para asumir, en forma individual o a través de grupos organizados, una creciente parcela de responsabilidad en la solución de sus propios problemas. La dotación de Internet en todo el territorio nacional, se torna una necesidad impostergable, así como la capacitación en cuanto al uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uno de los objetivos del gobierno electrónico será, por lo tanto, tornar el gobierno más accesible y eficaz en función de las necesidades y demandas concretas de los ciudadanos. Es preciso que el gobierno se organice no tan solo en función de las prioridades e intereses de sus conductores, sino configurar su accionar bajo un plan administrativo dinámico y funcional, recurriendo al talento, a la capacidad y al profesionalismo, sin distingos políticos; vale decir, hay que rendirle culto y reconocimiento a la intelectualidad y no al simple activismo político.
Se deben utilizar las TIC para la reorganización de los servicios públicos a favor de las necesidades del ciudadano (a) y no de intereses particulares. El gran desafío que tiene el gobierno es, el alcanzar un nivel de prestación de servicios e información por vía electrónica efectivo y funcional, para luego pasar a un nivel en donde a partir de un portal único, o de un canal gubernamental, sea posible tener acceso no solo a las varias informaciones prestadas por el sector público, sino también a una gran gama de servicios ofrecidos por la propia administración pública o por concesionarias del servicio público por ejemplo: a) consultas médicas (teleconsulta o telesalud); b) el teletrabajo; c) la matrícula de estudiantes en escuelas, colegios y universidades; d) expedición de documentos; e) manutención de servicios públicos; f) vigilancia electrónica; g) administración de justicia automatizada, etc.
Lo apuntado es enunciativo no taxativo, puesto que el esquema es amplísimo. La adecuada utilización de las TIC conduciría a que esa duplicidad del papel de gobierno se vea totalmente superada, convirtiéndolo en dinámico, efectivo y funcional.
