Crisis humanitaria y migratoria en El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. El Instituto Nacional de Migración realiza estudio de vulnerabilidad a 73 migrantes, en su mayoría venezolanos, que aseguran no tener los recursos para pagar sanciones por ingreso regular al país, con asistencia del INM, Derechos Humanos y otras instituciones serán guiados hasta que abandonen el país de forma ordenada y asistida.

El lunes, el grupo de migrantes se tomó la carretera Panamericana en tres oportunidades a fin de llamar la atención de las autoridades, aseguran que es el único país donde les cobran tan elevada sanción por ingreso irregular, piden a las autoridades eliminar la cuota o bajar la cantidad en su paso migratorio que para algunas familias es inalcanzable.

La multa administrativa o salvoconducto hondureño tiene un costo de 4,782.66 lempiras, una gran mayoría de migrantes se encuentran en las oficinas de Migración, legalizando su paso por Honduras al obtener el documento que les permitirá abordar una unidad de transporte y seguir su ruta a Estados Unidos.

Carlos López, de Venezuela, “ya no tenemos más recursos, desde que salimos nuestro pobre presupuesto era de unos 500 dólares por persona en mi familia, hay algunos que salieron con menos dinero, porque nuestro país está pasando por una crisis terrible, yo viajo con mi esposa, mis suegros, mis hijos.

Mis suegros estaban deshidratados por no comer desde hace tres días.

No nos dejan abordar transporte y tampoco pasar caminando, en los retenes nos bajan y nos cobra la policía diez o cinco dólares por persona. En cada retén es la misma historia en su país”.

Richard Márquez, de Venezuela, “nuestro paso por Nicaragua ha sido difícil, pero es más duro su país, son cinco días aquí, Migración ha sido el más grande tropiezo en nuestro camino, algunos pasamos por la frontera y otros por paso verde, el problema es que en ambos lugares son corruptos”.

El titular de los Derechos Humanos en El Paraíso, Willian Yánez, explicó “la situación en el tema migratorio es preocupante, en el CONADEH, existe una defensoría nacional denominada Movilidad Humana, se han hecho varias diligencias entre ellas aumentar el personal que atiende a estos migrantes para agilizar la entrega de este salvoconducto, se sostiene una reunión con autoridades, diputados y manifiestan que van a introducir una iniciativa de ley en el Congreso Nacional, encaminada en aplicar una amnistía a la sanción administrativa, en este momento solo existe un convenio con el paso de haitianos”.

Marcela Carranza, del Instituto Nacional de Migración, detalló “revisamos el estatus migratorio de este grupo de migrantes a través de una entrevista de vulnerabilidad, como instituto estamos obligados a cumplir las normas nacionales e internacionales y comunicar que no damos el salvoconducto como INM, sino que aplicamos la Ley de Migración y Extranjería, esta es una sanción administrativa que está estipulada en la ley.

Todas las personas tienen derechos y obligaciones en todo territorio, el abogado Alan Alvarenga está revisando esta ley en este momento, es una ley desde el año 2003 y se tienen que hacer las reformas y es que antes el país no tenía un tránsito tan elevado y menos por esta zona, ahora mismo lo que hacemos por vulnerabilidad de las personas, un análisis socio económico y buscar una salida administrativa a este grupo de 73 personas”.

A los migrantes que hacen el pago de su sanción se les emite un recibo de Tesorería General de la República, donde establece que cumplieron con la ley y tienen cinco días para abandonar el país, para regularizar su situación migratoria pueden solicitar retorno voluntario, asistido, protección internacional o simplemente abandonar el territorio nacional.

Decretar un estado de emergencia migratorio para que las autoridades competentes busquen una solución rápida y que ayude a los migrantes en su paso por Honduras, ya que el país ha sido duramente criticado por los abusos de los mismos ciudadanos en la prestación de servicios en alimentación u otros productos, alto costo del salvoconducto, impedir abordar transporte, extorsión, violaciones y asaltos.

Joseana Martínez, en representación del director nacional de Migración, explicó “venimos a conocer in situ la situación que viven los migrantes, somos un país con alto tránsito de migrantes por la condición geográfica de nuestro país.

En el plan de la Presidenta está brindar condiciones adecuadas y dignas a los migrantes, debemos también entender que es una situación de seguridad nacional, son personas que entraron de forma ilegal al país y se aplican sanciones y entendemos que los costos son elevados y debemos revisar esta ley, eso pasa por el Congreso Nacional.

Lo mejor es llamar a los migrantes que pasen por la aduana u oficina de Migración, muchos ya vienen engañados que tienen pagada su multa y no es así”.

Wilmer Parra, de Venezuela, “viajo con mi esposa y mis tres hijos, uno de ellos ocho meses, déjame decirte que el único país donde pagamos por pasar es en Panamá unos 20 dólares y aquí nos piden 230 dólares, para poder continuar a la frontera”.

“Nos parece excesivo, porque si ustedes pueden entender que hacemos esto, porque en nuestro país está muy difícil, vendimos lo poco que tenemos para llegar a Estados Unidos”.

“No nos queremos quedar aquí, queremos que nos escuchen. No nos quieren vender pasaje de bus, pues que nos dejen caminar y salir de su país”.

“Yo salí de mi país con casi 5 mil dólares, pero desde que salí todo es quitarle la plaza, cobrar de más, a veces cuando la policía nos deja pasar, toca pagar a las mafias para poder pasar por otro lado”.

“Al migrante desde que sale lo ven como un objetivo de dinero y las que ayudan son muy pocas, estuvimos en tres refugios y ni siquiera ayuda médica a los niños nos han prestado; todo ha sido explotación y desangrarnos”. (CR)