Rafael Delgado Elvir
En ambientes sumamente débiles en cuanto al respeto de las leyes, así como de alta discrecionalidad en el uso de los recursos por parte de los que ejercen el poder, hablar de partidas confidenciales o asignaciones presupuestarias blindadas, encubiertas por extrañas etiquetas que pocos intuyen lo que existe detrás, es referirse a un fatal mecanismo que conduce a terribles abusos. Honduras, sumergida en el fondo de todos los rankings internacionales de gobernabilidad, pobreza, corrupción y violencia es en efecto un buen lugar para que esas cosas surjan como normales, así como ejemplo para ilustrar los negativos efectos de tales mecanismos. Por eso habrá que preguntarse: Si los recursos que ejecuta el gobierno bajo condiciones normales no están exentos de constantes irregularidades ¿qué podrá pasar entonces con una partida confidencial adscrita a la Presidencia de la República sometida a criterios especiales que no permiten o que dificultan su revisión?
Por lo anterior, es importante apoyar la iniciativa de eliminar las partidas confidenciales o cualquier otro esquema similar que exista. Además de absorber cantidades considerables de recursos que hacen falta en sectores claves para la vida del país, estos esquemas blindados del escrutinio terminan siendo utilizada para los antojos de las estructuras que ejercen el poder del país. Sus efectos no se agotan allí. Al final se convierten en una razón adicional por la que se debilita aún más la institucionalidad pública; son la manera para que se multipliquen los funcionarios corruptos y sobre todo para que tengamos una ciudadanía cada vez más escéptica de sus gobernantes y de las instituciones públicas.
Parte de esta historia ligada a las partidas confidenciales y a la obstrucción del escrutinio de los recursos públicos son los fideicomisos bancarios. En los últimos gobiernos se volvieron un mecanismo acostumbrado para ejecutar fondos destinados a cubrir supuestamente necesidades de última hora e imprevistas, ocasionadas por eventos catastróficos de la naturaleza que conducen a calamidad pública según las disposiciones presupuestarias. Así han fluido miles de millones de lempiras para fondos especiales de reducción de la pobreza que se ejecutan con diferentes etiquetas y que fueron manejadas desde la Presidencia de la República y oficinas anexas. La información sobre la ejecución de esos programas es considerada confidencial por razones sobradamente conocidas pero que no tienen nada que ver con la naturaleza del gasto y la inversión. ¿Por qué tendría que estar sometida a un régimen especial de auditoría y transparencia fondos para la reactivación económica, creación de empleo o de compensación social?
Aunque eliminar las partidas confidenciales esa una decisión importante y es una buena señal en el largo camino del adecentamiento de las finanzas públicas, es necesario resaltar que no es suficiente. Quedan en la lista importantes tareas que deben emprenderse para que no sean solamente 5,000 millones de lempiras, sino 100 mil millones lempiras o mejor dicho todo el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Honduras, sometidos a rigurosos criterios estrictos para su ejecución.
El camino es largo y no es sencillo, pero hay que comenzar en un proceso de adecentamiento de las finanzas públicas que prometa mejorar la intervención y así incrementar los retornos sociales para los sectores beneficiados. Todo indica que la situación internacional se complicará no solamente en su dimensión política; augura complicaciones en el abastecimiento de carburantes claves para la generación de la energía en todo el mundo; se prevén severas limitaciones en el comercio de alimentos y por consiguiente aumento de precios. Para ello se debe responder desde la política fiscal con acciones que se focalicen en paliar todos los efectos de estas complicaciones mundiales y locales que se sentirán en los más pobres y vulnerables. Si hasta ahora fue un crimen despilfarrar y asaltar los recursos públicos, no habrá nombre en el futuro para describir la tolerancia a mecanismos que conducen a seguir blindando en medio de tanta corrupción el dinero público de la auditoría y la rendición de cuentas.
