Honduras se enfrenta a la peor crisis alimentaria debido al marco jurídico vigente que impide reactivar la producción agrícola en el corto plazo, con 25 mil títulos engavetados y 300 mil familias sin tierra, advirtió el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría.
El funcionario aseguró que ha estado revisando todo el andamiaje agrario para darse cuenta que las tierras incultas son intocables, se mantienen los privilegios para el capital, no hay base de datos sobre los grupos agrícolas ni huella de las deudas millonarias a los grandes productores, incluyendo las transferencias millonarias a los militares para producir la tierra.
“Hemos encontrado una situación complicada en todas las instituciones agrícolas, rezagos de 15 años, que ahora estamos tratando de resolver, hay trabas legales a cuales mejores y eso impide avanzar en la dotación rápida de tierras”, dijo el funcionario a LA TRIBUNA.
“Hay extrema pobreza en el campo, las mujeres, los indígenas, los jóvenes y con problemas graves de abastecimiento de granos básicos, es un año difícil, la inseguridad alimentaria es espantosa, pero tenemos la convicción que el otro año va a cambiar. Estos 100 días han sido de búsqueda de solución”, subrayó.
TRABAS
Por el lado de los campesinos, Alegría ilustró que no se puede dar un bono tecnológico, porque lo impide la Ley de Modernización Agrícola, al igual que la asistencia técnica.
Tampoco existe la capacidad de financiamiento puesto que los gobiernos nacionalistas desbarataron el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y más de 25 mil títulos están engavetados en el Instituto de la Propiedad (IP) o simplemente se debe esperar dos años para definir un litigio agrario.
Ni siquiera el INA, lamentó, puede actuar en la recuperación de las tierras nacionales porque existe un decreto ejecutivo que le pasa a la agroindustria estos menesteres y no a las entidades del Estado, como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
A estos se suma, las Zonas de Desarrollo (ZEDE) que tienen bajo zozobra a muchos campesinos con el despojo obligatorio de las tierras, mientras que legalizar una empresa campesina tarda más de ocho años.
MILITARES
Sobre las irregularidades administrativas, aseguró que desaparecieron la base de datos del INA por lo que no se puede saber cuántos grupos campesinos existen o las deudas que tienen los grandes productores con el Estado. Tampoco hay huella de los cuatro mil millones que recibieron los militares durante el último gobierno para producir en el campo. Hasta donde se sabe, agregó, solo les transfirieron 300 millones, pero tampoco hay rastro de ese dinero. Y para coronar el descalabro, tampoco se sabe adónde fueron a parar los millonarios fondos para los sistemas de riego, completamente, olvidados. No obstante, aseguró que el actual ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, rendirá un informe al respecto.
Alegría aseguró que la Presidenta Xiomara Castro se apresta a eliminar todos estos decretos y crear un gabinete del sector agrícola como primer paso para reactivar el campo. Propuso, asimismo, destinar las tierras incautadas a los narcotraficantes por la oficina de la OABI y así comenzar a disminuir la mora en la titulación de tierras.
“Debe haber una reforma agraria integral, hay más de 300 mil familias sin tierra, es necesario un programa de crédito, por eso urgimos rehabilitar BANADESA, asistencia técnica y comercialización”. (EG)
