Esperanza para los hondureños
LETRAS LIBERTARIAS
Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Un excelente servicio de salud pública requiere de una gran capacidad gerencial para ofrecer calidad, esmero y satisfacción plena. Por eso, en países como Honduras, la oferta del Estado es un poco menos que deplorable, y lo seguirá siendo por toda la eternidad mientras no cambiemos la estructura y la funcionalidad del sistema de salud. Como el Estado no puede ofrecer los servicios médicos en todo el territorio nacional, lo mejor que puede hacer la administración de la presidente Xiomara Castro junto a su equipo de asesores médicos, es tratar de ver el panorama institucional con una lupa de mayor resolución y no con las gafas de Pigmalión, o como decía el desaparecido padre Ignacio Ellacuría S.J., para “desideologizar” esa leyenda urbana de que el Estado es el encargado de velar por los más pobres para que nadie se aproveche de ellos.
Pero no podemos seguir con hipocresías, aparentando que los problemas del sector salud pueden ser resueltos fácilmente a punta de decretos, comisiones interventoras y llamados a la consciencia; es decir, hay una gangrena institucional que se perpetúa en el tiempo y que parece no tener cura, no a falta del medicamento, sino a causa de la disfuncionalidad de toda la organización sanitaria. En principio, se trata de un viejo problema en la concepción sobre la prestación de los servicios públicos, que nace con el Estado de Bienestar keynesiano y que se prolonga fatalmente hasta nuestros días; es decir, que solo el Estado puede arrogarse el derecho de convertirse en el guardián -pobre guardián-, de la salud, la educación y la seguridad social, para proteger a los pobres de la voracidad del sector privado.
El problema es que, para ofrecer servicios de calidad y de cobertura máxima, el Estado debe contar con un enorme presupuesto que solo puede ser sufragado con los impuestos que generan los que trabajan de sol a sol ofreciendo servicios de calidad a sus clientes. En otras palabras, si queremos tener un sistema de salud escandinavo o francés, el crecimiento económico nacional tendría que andar entre el 9 y el 12 por ciento anual para que el Estado pudiera absorber una buena cantidad de plata en términos fiscales.
Pero hay otro problema: la mayor parte del presupuesto de salud y educación se escurre en forma de salarios y contratos colectivos, mientras los usuarios reciben atenciones de tercera categoría. Pero a los líderes gremiales y altos funcionarios de los gobiernos, parece importarles un pepino la situación calamitosa del sistema sanitario porque ellos no recurren a tratarse en los hospitales públicos sino en el sector privado. Y por eso la gente que dispone de medios, no importando si estos son mínimos, prefieren buscar una solución privada que recibir maltratos en las colas y ventanillas de los hospitales estatales.
Tradicionalmente, la salud y la educación han representado los bastiones ideológicos del Estado y un trampolín político para quienes aspiran a cargos de elección popular. Al Estado le imprime esa imagen humanitaria del padre protector preocupado por el destino de los pobres, mientras que a los “representantes de los intereses de los trabajadores” les sirve de trampolín para escalar posiciones en la pirámide de los partidos o para reciclarse en sus mismas organizaciones. Para quienes representan el quid de la propaganda del Estado y del discurso en los folletines de las Naciones Unidas, no queda casi nada.
En los foros televisados donde se ha tratado este espinoso problema, los periodistas se desconciertan con el amasijo de explicaciones que arman sus invitados, pero eso es entendible, porque dicen que en política hay que enredar las cosas para que nadie las entienda, pero que todos las aceptemos. De todas maneras, en casi todas las instituciones del Estado se producen encarnizadas luchas por alcanzar el poder. Un par de sugerencias para arreglar el relajo: despoliticen la Secretaría, apliquen una estrategia de reducción de costos, rediseñen el organigrama institucional y tercericen aquellos servicios que representan un oneroso gasto para el Estado. O se quedan como están, ofreciendo servicios tercermundistas.
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