Rafael Delgado E.
Desde hace varias décadas en Honduras se ha implementado un plan exitoso para debilitar y desaparecer las empresas públicas. Los argumentos han estado dirigidos en resaltar su ineficiencia y en la necesidad de ponerlas en manos de la inversión privada que sabrá, según el argumento, rescatarla de su calamidad financiera para así brindar un servicio de calidad para sus clientes. Detrás de ese argumento y otros que se lanzan en la discusión para fortalecer las intenciones, se esconden una variedad de matices que van desde las medias verdades hasta las mentiras rotundas. Por ello es necesario redirigir el debate y ver más allá de la experiencia de nuestro país para que aprendamos de las experiencias de otros países más fuertes en su institucionalidad, con gobernantes y políticos con más criterio; menos dependientes de lo que transmiten los organismos internacionales para terminar con un juicio sobre las empresas públicas más equilibrado y en función del bienestar de la gente.
Es un hecho que las empresas públicas difícilmente alcanzarán la eficiencia de las empresas privadas. Está claramente demostrado que las empresas privadas son más innovadoras y en su afán único de generar utilidades pueden navegar mejor en las complejidades de la competencia del mercado. Pese a eso, en los países desarrollados, unos más que en otros, existen empresas públicas. Evidentemente en estos países han logrado desenmarañar esa complicada trama de intereses a favor y en contra de su existencia, de sus ventajas y desventajas para alcanzar consensos que culminan en la aceptación de empresas públicas como parte necesaria de sus economías. Están allí por diversas razones que pueden ser entre otras consideraciones estratégicas en la provisión de un determinado producto o servicio o porque se requiere cumplir con algún objetivo en cuanto acceso o compensación social.
El hecho es que en Honduras se ha combatido su existencia alimentando ese proceso de disolución por argumentos de eficiencia. En ese ambiente, donde convergen los actores más importantes para declarar la muerte a futuro de estas empresas, suceden cosas que aceleran intencionalmente sus defectos y debilidades. Claramente se ha observado que durante ese proceso de debilitamiento a que son sometidas, que puede durar varios años, se crean los incentivos desde la política y los negocios para que se cometan los peores atropellos contra las mismas empresas. Surgen entonces las acciones depredadoras, con la venia oficial que producen lo que vemos hoy por ejemplo en la ENEE: firma de contratos de compra de energía eléctrica con altos sobreprecios, pérdidas crecientes en los sistemas de transmisión y distribución, aumento de la burocracia, sin que desde los liderazgos políticos y empresariales del país nazca una acción para frenar a tiempo todo lo absurdo que sucede. Pero al final todo eso encaja en la estrategia de demostrar una situación cada vez más calamitosa que sirve para justificar ante el público acciones más rápidas para su disolución y privatización.
Todo eso ha ocurrido y han aumentado esas prácticas por muchos años, desde que los organismos internacionales, el pasado gobierno y los más importantes actores del mercado decidieron que la ENEE debe entregarse. En un país donde la corrupción ha invadido la política y los negocios ese anuncio soltó a los depredadores. Las prácticas incongruentes con su salud financiera han sido la regla, toleradas desde adentro del mismo gobierno que así sacia a su clientela partidaria conocedora sobre los planes a futuro y dispuesta a sacar su cuota. Al fin y al cabo esto va a desaparecer para ser la lógica de los que tienen el poder.
Lo que esperamos de la nueva ley del sector eléctrico es que las decisiones técnicas que allí se contemplen estén dirigidas a garantizar un servicio de calidad y a precios de mercado para todos; con acceso cada vez mayor a la población; que se pare el proceso creciente de endeudamiento del Estado que ya es alarmante para pasar a la construcción de una empresa pública sin los escandalosos vicios que hoy presenta.
