Por: Jorge Roberto Maradiaga*
Tal como lo demuestran los hechos concretos, uno de los problemas sustantivos que confrontamos, es el relativo a la violencia, la criminalidad y la inseguridad, pues a diario nos encontramos con noticias sobre el tema que ponen al descubierto la descomposición en que en años anteriores hemos vivido y a veces se advierte un notorio silencio, pues existe cierto temor para abordar la temática.
Ello proviene de muchos fenómenos como el desempleo y las crisis entre otros. Se ha originado un círculo consecutivo que va de la negación de la existencia de los robos, secuestros y demás por parte de las autoridades y por parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el miedo de ser víctima. La delincuencia es cosa de todos los días en nuestra Honduras, sobre todo a nivel de las ciudades más importantes. En los últimos años la incidencia delictiva ha venido incrementándose, sobre todo los delitos de robo a transeúntes, secuestros y homicidios dolosos (estos últimos vinculados al narcotráfico).
La violencia y la inseguridad ciudadana plantean complejos desafíos para el desa¬rrollo humano y para la expansión de la ciudadanía. Las autoridades deben ser responsables de todo lo que les corresponde en nuestro país, pero a la vez los ciudadanos somos responsables de permitir lo que no queremos, nosotros debemos de exigir lo que necesitemos, pues para eso está “supuestamente” el gobierno. Si el gobierno no se encarga de sus asuntos entonces la culpa de alguna forma recae en el pueblo porque es el que no debe permitir la situación y es quien debe de poner un límite.
El clima de inseguridad que vivimos es algo impresionante: jueces que terminan acusados mientras el presunto delincuente confiesa su deseo de actuar en alguna telenovela; agentes y exagentes policiacos que encubren o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida unos minutos antes de la llegada de la Policía, luego de chantajear a las familias de sus víctimas con tácticas horrorosas
Por temor a que sus planes terminen en el cañón de una pistola, cantidad de proyectos de inversión han sido cancelados o han cambiado el destino. También por ese temor e inseguridad imperante, varios inversionistas han tomado con mucha prudencia sus planes de expansión y por ello, han gastado fortunas en procurar alguna seguridad para sus empresas, productos y empleados. Por miedo, cantidad de compatriotas, han tenido que enfrentar cada vez mayores gastos en la compra de protección para sus bienes y para sus familias.
Hasta hace poco nuestro país era reconocido como un país con un pueblo pacífico. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado sustantivamente durante los últimos diez años, al manifestarse variados fenómenos que demuestran una alta incidencia de violencia. Surge por ello la interrogante: ¿por qué la violencia y la criminalidad han crecido vertiginosamente? Obviamente, las explicaciones para este fenómeno son diversas. No obstante, podría afirmarse que el surgimiento y profundización de esta problemática se vincula con procesos de desintegración del tejido social, con el desempleo y con el aumento de la precariedad en la vida cotidiana. Sin lugar a duda, la delincuencia y la criminalidad se han convertido en un tema apremiante para los hondureños.
Surgen por ello, otras interrogantes: ¿qué están haciendo nuestras autoridades para contrarrestar esas conductas delictivas? ¿Cuál ha sido el papel de la Policía? ¿Puede acaso tanta conducta delictiva quedar en la impunidad? ¿Es procedente concretar una reforma integral, de fondo, de todos los aparatos de impartición de justicia? ¿Acaso la corrupción se está destruyendo la legalidad?
Seguro estoy en que existe coincidencia plena en que este problema de la inseguridad y la violencia, así como la eventual impunidad, tiene que ser atacado en toda su esencia y dimensión, tal como lo ha anunciado la Presidenta Xiomara Castro. Resulta doloroso, pero es de recordar el asesinato de estudiantes universitarios y de una gran cantidad de compatriotas, hombres y mujeres que han venido a generar significativas consecuencias y obviamente grandes y trascendentes dolores familiares.
En efecto, lo anterior ha motivado que la Policía haya entrado en un proceso de adecentamiento y a nivel gubernamental en un accionar reivindicador; pero tal como lo han planteado estudiosos y diferentes sectores de la sociedad, debe generarse un proceso de investigación, de manera preferente por entes u organismo internacionales a efecto de que queden al descubierto todo tipo de irregularidades y que en tiempo y forma se tomen las medidas y ejecuten las acciones procedentes de conformidad con la ley.
*Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
