Por: Edmundo Orellana
Cuando la independencia, los criollos abominaron del régimen monárquico que los gobernó durante la colonia, y adoptaron la República como forma de gobierno.
Su modelo no fue la república romana que surge luego de la expulsión del rey, Tarquino el Soberbio, y que alude a la “cosa pública”, entendiéndose como gobierno común, limitado, sin embargo, a los patricios que vivían del trabajo esclavo, sino la república entendida como respuesta al absolutismo y sustentada en la Ilustración, entusiasmados por el esplendor del legado de la Revolución Francesa, pero siguiendo el modelo institucional que resultó de la independencia de Estados Unidos.
Consagraron, desde la primera Constitución, los principios republicanos y declararon que esclavo que pisara tierra centroamericana obtenía su libertad, con lo que dejaban claro que rechazaban, por cruel e inhumana, la esclavitud, entonces vigente en Estados Unidos.
Adoptaron la forma de gobierno republicana caracterizada por la división de poderes, en el marco de un régimen político electivo y representativo, dinamizado por los partidos políticos, y rechazaron la monarquía en todas sus manifestaciones. Al origen divino del poder del soberano, respondieron con el reconocimiento de que el soberano es el pueblo y de él dimana el poder; a la sucesión monárquica, con la elección popular; al carácter vitalicio del mandatario, con la alternancia; al poder absoluto, con el principio de legalidad; a la concentración de funciones, con la atribución de competencias, distribuidas entre los órganos del Estado; y, a la infalibilidad, con la responsabilidad. Característica fundamental de esta forma de gobierno es constreñir el ejercicio del poder dentro de los límites aceptables para el ejercicio pleno de la libertad ciudadana.
Entre el parlamentarismo -modelo europeo- y el presidencialismo -modelo gringo- nos decidimos por este, que distribuye el gobierno entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este régimen político, el Presidente reúne las calidades de Jefe de Estado, Jefe del Ejecutivo, Jefe de Gobierno, Jefe de la Administración Pública y Comandante General de las Fuerzas Armadas. Posee un poder que, de no actuar dentro de ciertos límites, fácilmente podría degenerar en una dictadura. Para evitarlo, se prevé que el Poder Legislativo, integrado por representantes del pueblo, le imponga los límites políticos, y el Poder Judicial, integrado por profesionales del Derecho, los límites judiciales.
Este sistema, para ser operativo, requiere la independencia entre estos órganos y su complementariedad. Ninguno debe interferir en el otro más que para complementarse, como es el caso de la ley, que la aprueba el Legislativo, la promulga el Ejecutivo y la aplica el Judicial.
Esta descripción no responde a lo que institucionalmente existe en nuestro país. Hace mucho que la República es un simple enunciado constitucional, como lo es la Constitución de la República desde que la Sala de lo Constitucional decidió sustituirla por su arbitrio, cuando la declaró inconstitucional.
Es un simple enunciado porque la independencia de poderes no existe desde que fueron absorbidos por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS); la República dejó de existir desde entonces. Esta instancia suprema está presidida por el Jefe del Ejecutivo e integrada, en condición subordinada, por el diputado-presidente, el magistrado-presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General, quienes reciben instrucciones de aquel. Con la aprobación de la ley que crea el CNDS, el Congreso Nacional renunció a su independencia y también renunciaron a la suya los demás organismos que aceptaron integrarlo. Y, para rematar, el Congreso atribuyó al Jefe de Gobierno la potestad de legislar, contraviniendo la expresa prohibición constitucional de delegar la función legislativa.
En estas condiciones, los representantes del pueblo no pueden imponerle límites al Jefe del Ejecutivo ni el Poder Judicial puede reprimir el ejercicio arbitrario del poder.
El Estado surgido después del golpe de Estado es el legado de los congresos de los tres gobiernos que se han sucedido desde aquel infausto suceso. La que, supuestamente, debe ser la expresión genuina del pueblo soberano, protector permanente de las libertades públicas, se degradó a una simple agencia del Ejecutivo, preocupada por legislar para proteger, no al pueblo del ejercicio arbitrario del poder, sino a la red de corrupción que, enquistada en el poder, descubrió el binomio MACCIH-UFECIC. Los corifeos del autoritarismo ya pueden gritar victoriosos: ¡La República ha muerto! ¡Viva la dictadura!
Rescatar la República de las garras de la dictadura es el primer e ineludible deber del ciudadano auténtico, al que animamos para que, a quienes han traicionado tan vilmente el juramento que prestaron ante el altar de la patria, les grite con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?