Por: Ernesto Paz Aguilar
Si la crisis de las elecciones primarias es con tres partidos políticos, imaginémonos cómo será de caótica la situación en las elecciones generales con catorce. Los jugadores cambian, pero el juego es el mismo: la lucha por el poder que es una competencia reglada en el marco de un Estado de derecho. La resolución pacífica del conflicto político garantiza la gobernanza de un país.
En un clima de incertidumbre y desencanto ciudadano, donde el aprendizaje de la democracia no termina de consolidarse, Honduras se prepara para la celebración de elecciones primarias, antesala de las generales, sin reformas electorales, agravada por la pandemia y el paso destructor de los huracanes. Todos los demonios andan sueltos.
La ausencia del árbitro titular del partido. El agravamiento de la crisis ha sido provocado por la ausencia temporal de la presidenta del CNE, ausencia que compromete la realización de las elecciones primarias con normalidad y certidumbre.
La ausencia temporal del Partido Liberal ha provocado un desequilibrio y un cambio en la correlación de fuerzas al interior del CNE, porque se incorporó a un magistrado suplente perteneciente a la Democracia Cristiana, (3,000 votos en las presidenciales del 2017), que es aliado incondicional del PN. En este sentido, se retrocede a la situación imperante en el 2009, 2013 y 2017. De esta forma, el partido de gobierno consolida el control sobre todas las instituciones democráticas, incluido el CNE. Es el absolutismo puro.
Razones para preocuparse. Hay hechos probados que dan pie para pensar que hay sectores que están en contra de la realización del proceso electoral. En primer lugar, no hay reformas electorales; en segundo lugar, el presupuesto fue aprobado tardíamente por la Secretaría de Finanzas (hasta comienzos del 2021) y el censo entregado por el RNP está lleno de inconsistencias. Peor imposible.
La ausencia de reglas claras. A pesar de que se viene trabajando desde mayo del 2018 para aprobar una nueva Ley Electoral, hemos llegado al 2021 sin una normativa que corresponda a la nueva realidad imperante. Recapitulemos: Primero fue el diálogo interpartidario patrocinado por el Secretario General de la ONU, siguió el carísimo trabajo de consultoría de la Secretaría General de la OEA y luego la reforma constitucional del 2019, después de la insurrección legislativa de la bancada del partido LIBRE. Finalmente, se conformó una Comisión Técnica Electoral (integrada por expertos electorales de los partidos más grandes) que asesoró a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional. Dicha comisión terminó su trabajo en octubre del 2020, alcanzando un alto grado de consenso. Como sabemos, la discusión y aprobación de la nueva ley se encuentra estancada por el boicot de un grupo de diputados del partido de gobierno.
Los puntos de controversia. En primer lugar, el Censo Nacional Electoral. En el proceso de enrolamiento del RNP borraron (la mano peluda) en el formulario la casilla del centro de votación, situación que provocó más de un millón de inconsistencias. A miles de personas les cambiaron, de manera inconsulta, el centro de votación. El CNE no ha logrado un acuerdo para reglamentar este punto. Dos, la composición de las MER; tres, escrutinio; cuatro, la transmisión de resultados preliminares. (Centralización versus descentralización) y; por último, el escaneo de los cuadernos de votación y digitalización de los nombres de los votantes para evitar el doble voto.
Conclusión. La incertidumbre y el desencanto ciudadano es estimulado por la falta de un mínimo de confianza entre los partidos y al interior de estos.
La salida a la crisis es la aprobación inmediata de los puntos pendientes de la nueva Ley Electoral, por del Congreso Nacional; porque precisamente, ella contempla la solución de los puntos de controversia planteados, aplicando el principio de la progresividad de los derechos civiles y políticos, contenido en los tratados o convenciones firmados por nuestro país.
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