Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Médicos, enfermeras, microbiólogos, virólogos, personal de servicio y administrativo, contratados por el programa gubernamental denominado Código Verde y otro personal de servicio se encuentran a la espera de que se les haga efectivo el pago retrasado de dos meses, mientras enfrentan la pandemia del coronavirus (SARS-COV-2) que produce la enfermedad COVID-19 que ha matado y sigue matando a decenas de miles de hondureños.
Esta gente es considerada como héroes de primera línea porque valientemente, casi con las uñas y comprando ellos mismos los equipos de bioseguridad necesarios para protegerse y no contaminarse en las salas atestadas de pacientes, algunos en estado estable porque lograron llegar a tiempo a los centros de triaje y hospitales, otros en estado crítico por haber llegado un poco más tarde, algunos ya en estado grave por haberse descuidado y otros en cuidados intensivos al haber evolucionado al estado más crítico de la enfermedad, necesitando entubamiento para ventilación mecánica y cuyo pronóstico es bastante reservado.
El no pago a tiempo a los del Código Verde los mantiene en un estado de calamidad económica y a punto de tomar la decisión de abandonar su delicada situación, que hasta ahora no han hecho por humanidad y dando un compás de espera a los administradores que deberían tener ya el dinero correspondiente desde hace tiempos, y de los que se sospecha juegan con esos millones depositándolos a plazos fijos hasta por tres meses y más, quedándose con los intereses producidos y pagando con retraso a quienes a diario arriesgan su vida, tratando pacientes afectados con la COVID-19.
También se condena la deficiente actividad gubernamental para obtener vacunas en Inglaterra, India, Estados Unidos, Rusia y China, aparte de que aparentemente y a través de un decreto legislativo se pretende acaparar una compra de vacunas de AstraZeneca, que está gestionando el Instituto Hondureño de Seguridad Social para la inoculación de su personal médico, de enfermería, servicio y de sus derechohabientes.
La vacuna que está comprando el Seguro Social no es la mejor que hay en el mercado, pero algunos médicos sostienen que aunque sea la peor, es mejor que no tener nada y aunque solo cubra un 65% ya es beneficioso.
Se condena que el gobierno hondureño esté a la espera de una donación de la Organización Mundial de la Salud, que se ha puesto los moños diciendo que primero las vacunas llegaban ahora en febrero, luego que en marzo y últimamente ha anunciado que será hasta en mayo, mientras tanto hay un alto índice de contaminación debido a la decisión gubernamental que bajo presión de la empresa privada decidió abrir la economía y permitió la libre circulación de las personas que muy relajadamente han abandonado las medidas de bioseguridad más elementales, como el uso de mascarilla y lavado de manos con agua y jabón, o uso de gel y alcohol para desinfectarse y sobre todo el distanciamiento social de dos metros por lo que los centros de triaje y salas de hospitales ya están colapsados y los hospitales móviles que se suponía vendrían a ser un alivio, no son los adecuados para el tratamiento del COVID-19 y los dos que están funcionando en la actualidad presentan un alto índice de mortalidad, siendo el gremio médico, de enfermería y otro personal de salud el que paga los patos poniendo los muertos.
El clamor por la vacuna, venga de donde venga se eleva y alcanza altos niveles cada día que pasa, especialmente en el gremio médico que a diario reporta más ingresos a las salas de cuidados intensivos e incluso reporta decesos por falta de cupos en las mismas y por deficiencias en el tratamiento de los pacientes.
La enfermedad es real y su ataque no respeta razas, credos, ni género, y ya han muerto militares, bomberos, enfermeras, microbiólogos, médicos especialistas en diferentes rubros, sacerdotes, pastores evangélicos y hasta atacó al Cardenal Óscar Maradiaga Rodríguez, quien afortunadamente y pese a tener una enfermedad de base logró recuperarse gracias a que fue tratado a tiempo por un cuerpo médico en un centro privado, pero ahora ha resultado afectado el padre Carlo Magno, quien se mantuvo muy cerca de él durante sus días más críticos, aunque los reportes sostienen que el padre Carlo Magno se encuentra estable.
La gente del Código Verde, que además de su salario espera las vacunas como el resto de la población, le recuerda al estado y especialmente a los dirigentes de la institución contratante, que ellos pagan alquiler de vivienda y comen tres veces al día, los siete días de la semana, aparte de tener que hacerle frente al pago de servicios públicos y otros deberes con el Estado, otros tienen préstamos que generan intereses y los bancos les presionan amenazándoles con ejecutar las garantías si no se les hace el pago de las letras vencidas.
La gente del Código Verde no tiene ni siquiera la promesa de una fecha de pago que les dé la esperanza que con el dinero devengado con creces, podrán solventar los compromisos adquiridos y podrán continuar con su arriesgada y humanitaria labor en la que ponen en peligro su vida y también la de sus familias. Dónde está el dinero? Páguenle a los del Código Verde.