La bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), en el Congreso Nacional alertó al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que las reformas a la Ley Electoral, que se pretenden hacer en el Congreso Nacional no solo limitan la participación de las consejeras que integran el Consejo Nacional Electoral (CNE) sino que establece penas de hasta 6 años de cárcel.
A través de un comunicado, la Bancada del PINU-SD denunció el grave riesgo en que se está poniendo el proceso democrático en Honduras desde el Poder Ejecutivo y el mismo Congreso Nacional.
La pretendida reforma a la Ley Electoral establece que ningún miembro del Consejo Nacional Electoral, distinto al presidente, puede divulgar datos oficiales sobre los resultados preliminares ni verter sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados.
Más adelante, el artículo 9 establece que “deben ser castigados con la pena de cuatro a seis años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, los miembros del Consejo Nacional Electoral, distintos a su presidente, que divulguen datos oficiales sobre los resultados preliminares, o viertan sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados”.
Nos oponemos rotundamente a que el consejero Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, sea el único que dé los resultados electorales de las próximas elecciones generales como consecuencia de la reforma que se pretende hacer en el Congreso Nacional, señalan.
“Es evidente que eso está dirigido contra las actuales consejeras en una descarada violación a sus derechos como miembros de ese ente colegiado y por ser mujeres” establece la bancada del PINU-SD.
Añaden que eso es inconstitucional, ya que se violenta el derecho a la libertad de expresión de las consejeras y “blindan” al consejero Kelvin Aguirre, con poderes absolutos.
Consideran que es inaceptable e inaudito que se pretenda que previo al dictamen de una Comisión Técnica de Veeduría, Asesoría y Seguimiento se debe realizar la transmisión de los resultados, lo cual es un irrespeto a la independencia del CNE.
“Están atentando contra la autonomía de un órgano electoral como es el Consejo Nacional Electoral”.
La pretendida reforma también establece que el CNE debe garantizar la transmisión de todas las juntas receptoras de votos, por lo menos de los 228 municipios de mayor carga electoral y que su divulgación estará sujeta al recibo de escrutinios representativos como mínimo del 12% de la carga electoral y que no podrán divulgarse resultados de escrutinio alguno, hasta no contar con los datos en el porcentaje mínimo establecido.
La bancada del PINU-SD considera que es imposible que 4 horas después se tenga el 12% de los 228 municipios y lo que quieren es quedarse callados y se mantenga el silencio electoral.
En cuanto al artículo de la reforma que establece que el sistema de transmisión debe ser adjudicado como máximo el 15 de agosto del año de la celebración del proceso electoral, según el PINU-SD es una maniobra que no se debe permitir y considera que ese plazo debe ir dentro procedimiento especial del presupuesto para no andar rogando a Juan Orlando Hernández a que sancione después y publique.
En el documento también cuestionan y califican de “inaceptable” que se le quiera cambiar las reglas del juego a un órgano colegiado como, por ejemplo, que para aprobar algo se requiera de unanimidad, cuando debería ser por mayoría, tomando en cuenta que el CNE tiene 3 consejeros.