El gerente de la concesionaria colombiana, Ricardo Roa Barragán, catálogo como una decisión sin precedentes en Honduras al enterarse de la intervención que anunció la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP).
“Denunciar el robo de energía de varios sectores le ha llevado a la empresa y a sus trabajadores amenazas a muerte y atentados a nivel nacional y ahora tienen que sufrir los embates de la Superintendencia”.
Anunció, que van a “seguir trabajando, nosotros no hemos hecho nada más que trabajar; tenemos que seguir trabajando hasta el último momento, hasta cuando así lo decidan las autoridades”.
Por otra parte, dijo que no asumirán los compromisos que se les están achacando, ya que tienen documentos que contradicen los planteamientos de la SAPP, mientras que los abogados de la Empresa Energía Honduras (EEH), están analizando los alcances de la intervención, sin descartar las instancias internacionales.
“Son aspectos jurídicos que aún no tengo reportes de las acciones que vamos a hacer, pero están siendo estudiadas por parte de los abogados”, dijo Roa Barragán. Agregó que el inventario de EEH ronda diez millones de dólares para la recuperación de pérdidas y más de 630 trabajadores en todo el país.
“No conocemos los alcances de esa intervención, es una decisión que no tiene precedentes en el país en este tipo de empresas de este tamaño”. Aseguró que la EEH tiene contratos por 178 millones de dólares que están en proceso de ejecución.