Por: German Edgardo Leitzelar Hernández*
Igual que cuando nos golpeamos o se nos golpea, a todos los que llevamos la patria en nuestra sangre y piel, la patria nos duele. A los que deseamos que se dé la construcción y sostenimiento de una sociedad justa y próspera, nos viene el mal sabor de que la institucionalidad y el estado de derecho que son fundamentales para tener la patria deseada no sean prioridad.
Estos conceptos no solo constituyen la base sobre la cual se erige el orden y la estabilidad de la nación, sino que también garantizan el respeto a los derechos individuales y colectivos del pueblo hondureño. Institucionalidad es el conjunto de normas, prácticas y estructuras que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, mientras que el Estado de Derecho se fundamenta en la idea de que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, están sometidas y deben respetar las leyes establecidas. En este punto aclaro, si bien necesitamos reformas y modernización legal, no es cierto que el estamento jurídico es el que funciona mal, lo que ha funcionado mal son los “representantes” de nuestro pueblo, que jamás han ejercido actos a favor de él, salvo las honrosas excepciones que por fortuna existen.
En un estado donde la institucionalidad y el Estado de Derecho son sólidos y respetados, la confianza se fortalece, las instituciones gubernamentales crecen y tutelan verdaderamente los derechos de su pueblo, promueven transparencia en la gestión pública y la seguridad jurídica, lo que a su vez impulsa el desarrollo económico y social. Además, estos principios son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos, a los que todo el pueblo hondureño tiene derecho.
No obstante, más allá de lo antes expuesto, la realidad nos muestra que estos ideales no siempre están en la visión de los personajes que el pueblo ha elegido para que representen sus intereses, intereses que solo sirven para pedir el voto, mas no para materializar las aspiraciones del pueblo en su actuar como elector. La fragilidad institucional en la que nos hunden los malos políticos y la vulneración del Estado de Derecho conducen a la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ante este escenario, el papel del Poder Judicial adquiere una relevancia aún mayor, aunque lamentablemente este poder también se ve salpicado por esta clase política sin clase que ha venido asaltándonos.
Cuando nos referimos al poder judicial, lo vemos como uno de los poderes del Estado que desempeña quizás la función más crucial en lo que es la preservación de la institucionalidad y el estado de derecho. Su principal responsabilidad radica en interpretar y aplicar las leyes de manera imparcial y justa, garantizando así la protección de los derechos de los individuos y la integridad del orden jurídico, por medio de los correctivos que se tendrían que implementar a cualquier mala acción que venga de cualquier miembro del Estado, sea gobierno, empresa, ciudadano, etcétera.
Si instituciones gubernamentales o privadas transgreden las normas establecidas o vulneran los derechos de los ciudadanos, si el Poder Judicial actúa como un contrapeso, asegurando que se restituyan los derechos, entonces se restablece el equilibrio perdido. Para ello independencia y autonomía son fundamentales para asegurar que funcione de manera imparcial, sin interferencias políticas o económicas, y por supuesto partiendo de que se construye este debido funcionamiento, así cualquier habitante del país tendría la certeza de que su bienes y derechos estarán garantizados, lamentablemente ese sentimiento es inexistente en nuestro país, debido al rol tan negativo que han ejercitado los poderes del Estado en esa visión cívica que se ha destruido casi plenamente.
En cuanto a este punto y además de su función jurisdiccional, el Poder Judicial desempeña un papel importante en la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y en el rescate por medio de la debida promoción de la legalidad y de sus valiosos efectos cuando se sirve de forma adecuada. Sus decisiones y sentencias construyen una sociedad más justa y democrática, siempre y cuando se respeten los principios de igualdad, libertad y justicia para todos.
La institucionalidad y el Estado de Derecho son fundamentales para el funcionamiento adecuado de un Estado democrático y para garantizar el respeto a los derechos de sus ciudadanos. El Poder Judicial si funge como garante de la legalidad y la justicia, desempeña un papel indispensable en la corrección de las fallas institucionales y del Estado de Derecho, asegurando que se haga justicia y que se respeten los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Y eso es algo que podemos exigir como ciudadanos.
“COMO PUEBLO EXIGAMOS ESTE Y OTROS DERECHOS”
*Abogado laboralista independiente.
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