La comisión legislativa reactivó las sesiones para dictaminar la Ley de Justicia Tributaria con 25 cambios, por lo menos, al borrador original, entre ellos, la eliminación del impuesto a las remesas y la exoneración a varios insumos agrícolas.
La aprobación de esta normativa quedó en suspenso después de la parálisis legislativa del segundo semestre del 2023 con la intención de que el documento sea aprobado antes que termine el presente semestre, afirmó el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino.
El legislador recordó que el año pasado se evacuaron 24 audiencias con todos los sectores durante los cuales fueron escuchadas sus posiciones, que, ahora, la comisión tendrá que sistematizar en un documento final para pasarlo a la Cámara Legislativa.
Agregó que no puede revelar todos los cambios al proyecto orignal sin el permiso de la comisión, pero señaló que entre los más relevantes destaca la eliminación del impuesto a las remesas, aunque aclaró que tampoco estaba en el proyecto inicial, pero para dejar claro el tema se ha incorporado un artículo especial eliminando cualquier duda al respecto.
Del mismo modo, señaló que se ha incorporado varios insumos agrícolas a la lista de exenciones fiscales a petición de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (FENAG).
PUNTOS DE AGENDA
Noé Pino también adelantó que esta semana se tiene contemplado someter a consideración de la Cámara Legislativa varios proyectos ya dictaminados, aunque los mismos se definirán en la reunión con los demás directivos, este día.
Como anuncio importante de las sesiones de la semana pasada, el vicepresidente destacó las reformas a la Ley de la Reserva Laboral y del Seguro, ya que vienen a beneficiar a los trabajadores y los afiliados, respectivamente.
Con respecto al Auxilio de Cesantía, conocido también como prestaciones laborales, la reforma crea un fondo laboral en el que el empresario hará un aporte del 4 por ciento a una cuenta especial del trabajador con derecho de retiro de hasta el 50 por ciento, aunque renuncie o sea despedido.
En el caso del Seguro Social, detalló que fueron tres reformas: La primera, que las aportaciones del 1.5 por ciento que los empleadores cotizaban al RAP ahora pasen al régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) del entidad de protección social. La segunda enmienda establece el cálculo de aportaciones tanto al régimen de IVM como al de Salud en base al salario mínimo sin romper los techos de cotizaciones con una revisión anual de la junta directiva para establecer el monto de aportación en base a la inflación.
La tercera reforma, en cambio, le permite, ahora, al directorio de Seguro Social disponer un fondo de 3,600 millones de lempiras que estaban congelados bajo la derogada Ley de Protección Social. Aclaró que estos fondos serán usados, exclusivamente, en inversiones, como la construcción de nuevas clínicas para atender a los afilados y no en salario ni en compra de medicinas, además, que serán fiscalizados por la Secretaría de Salud y la de Transparencia. (EG)