Condenan a funcionarios del Hospital de Santa Bárbara
Jorge Heriberto Peraza Padilla fue hallado culpable por dos delitos y fue retornado a Támara.
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos, falló en contra del exdirector del Hospital de Santa Bárbara, Jorge Heriberto Peraza Padilla, por un delito falsificación de documentos y fraude a título de autor. Asimismo, lo absolvió de siete delitos de abuso de autoridad.
De igual forma, fue condenado el exjefe del almacén Walter Edgardo Rápalo Caballero, por un delito de falsificación de documentos y uno de fraude, a títuto de cómplice necesario, además lo absolvió de siete delitos de abuso de autoridad y siete delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Además el tribunal emitió una sentencia absolutoria a favor de las exfuncionarias María Demetria Rodríguez, exjefa de rayos X; Candida Rosa Erazo Castillo, exjefe de enfermeras; Carmen del Rosario Fernández Fajardo, exjefa de los laboratorios y la exjefe de farmacia, Carlota del Carmen Hasbun Caballero.
Automáticamente, el tribunal ordenó su inmediata libertad y revocación de las medidas cautelares interpuestas que venían teniendo durante el proceso.
Tras terminar con la lectura del fallo, el tribunal convocó a las partes procesales para la audiencia de individualización de la pena para el próximo viernes 7 de febrero a la 1:30 de la tarde.
De acuerdo al reporte investigativo de los agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, que partió de una denuncia que realizó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el pasado 12 de noviembre de 2013, a través de la Gerencia Administrativa del Hospital de Santa Bárbara, se realizaron siete procesos de compras de productos farmacéuticos mediante licitaciones privadas para la adquisición de los insumos.
Supuestamente, los funcionarios -incluyendo los dos que faltan por detener- defraudaron al fisco a través de compras pandas de al menos 12 tipos de medicamentos que nunca ingresaron al centro hospitalario, por lo cual libró requerimiento fiscal.
La primera etapa de las investigaciones sobre el caso del “Medicazo” que investiga la ATIC, estableció que el monto de lo defraudado por los funcionarios del Hospital de Santa Bárbara en complicidad mediante licitaciones amañadas asciende a 2,304,325.00 lempiras.
Dos días después de la licitación de compras “pandas”, recibieron las cotizaciones por parte de las empresas ofertantes y las mismas las remitieron a los miembros de la Comisión de Evaluación, integrada por los seis funcionarios capturados, donde quedó evidenciado las actuaciones con dolo y fraude, al aceptarse la participación de las empresas sin que las mismas cumplieran los requisitos exigidos en el pliego.
El pasado 15 de noviembre de ese mismo año, los integrantes de la Comisión de Evaluación, realizaron la apertura de las cotizaciones de los siete procesos de compra, donde se calificó a la empresa Droguería y Distribuidora Kalyc de Honduras S. de R.L., estableciéndose de esa forma que los acusados Fernández Fajardo, Rápalo Caballero, Hasbun Caballero y otros funcionarios, omitieron realizar una serie de recomendaciones que establece la Ley de Contratación del Estado.
La investigación desglosó que el 18 de noviembre, el director Peraza Padilla, el jefe del Almacén; Rápalo Caballero y otro funcionario implicado en este caso, el jefe de administración, que aún no ha sido capturado, firmaron actas de recepción de los medicamentos, que fueron comprados en los siete procesos, fármacos que nunca ingresaron al almacén de medicamentos del hospital por parte de la empresa Kalyc de Honduras S. de R.L.
De acuerdo a una auditoría forense, el accionar doloso de los funcionarios del hospital, quedó evidenciado luego de constatarse que en las tarjetas de inventario (Kardex), nunca ingresaron al menos doce fármacos que se negociaron en la licitación privada y que fue aprobada por la Comisión de Evaluación conformada por los imputados.
También, se constató que los imputados negociaron con funcionarios y empleados de la Secretaría de Salud con el fin de defraudar al fisco nacional y favorecer a particulares.
La ATIC inició el secuestro de documentos por este caso desde el 2015, el último decomiso lo realizó el pasado 18 de mayo de 2016.
Los exfuncionarios que aún faltan por detener por parte de la ATIC, son Josué Melitón Claros Sagastume, jefe de Administración, y Karla Patricia Tejeda Soto, distribuidora de medicamentos, esta última se encuentra fuera del país en Miami, Estados Unidos. (XM)
