EL Instituto de Conservación Forestal (ICF) –al que le toca la tarea de proteger el recurso natural, reforestar de manera eficiente y diligente para no perder lo poco que todavía queda de esas grandes extensiones de bosque que en el pasado eran motivo de orgullo nacional– es útil en dar estadísticas. De los cientos de miles de hectáreas de bosque devastadas por los incendios. Todo por culpa de los pirómanos. No de los que queman su propiedad como recurso de limpieza para sembrar, ni de los que por descuido no hacen la ronda indicada, sino de los traviesos que intencionalmente les meten candela a los palos. Más del 90 por ciento de los incendios forestales en Honduras –según la autoridad forestal– son provocados por pirómanos. Y piden que se instruya a los juzgados en materia de delitos medioambientales. ¿Qué es lo que se tiene que instruir? ¿Que procesen a quiénes si para hacerlo primero tienen que capturar a los pirómanos? Siempre es la misma historia.
El remedio –aduce la autoridad– es endurecer las penas. La vaina es que para aplicar una sanción se ocupa primero agarrar al que comete el delito. Así pusieran la pena de muerte. De nada sirve el disuasivo cuando a la fecha no se conoce que hayan pescado ningún pirómano, con las manos en la masa, para ejecutarlo. Así que no es cosa de penas ni de más legislación. El asunto es de administración del recurso, de quién es responsable por su cuidado, como de las tareas estatales para volver a sembrar no solo lo que se pierde sino para poblar de árboles esos cerros pelones. Pero como el ICF para lo que es bueno es para dar cifras, aquí acaba de ofrecer otra.
Detalla que más de 45 por ciento del bosque de pino en Honduras está amenazado por el gorgojo descortezador. Alertan que “esta amenaza revive con la época calurosa como la que se avecina, según los pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)”. Desde el 2013 para acá, la plaga afectó más de 500,000 hectáreas de pino, con incalculables pérdidas económicas y medioambientales. Sin embargo, las brigadas forestales, en coordinación con las alcaldías, deben ser diligentes en localizar los brotes para actuar con la urgencia indispensable. No vaya a suceder lo de otros años cuando se secaron grandes parcelas de pino por no actuar con la urgencia requerida. Aún enterada la autoridad que varios pinos se habían marchitado en determinado lugar, costaba conseguir los permisos de corte, hasta que la plaga había hecho estragos consumiendo todo a su alrededor. Sobre el mismo tema en lo que concierne a los capitalinos y esos groseros racionamientos de agua. “Cada año, más de 30 nuevas construcciones surgen en la reserva forestal de La Tigra, en Francisco Morazán, por lo que el crecimiento poblacional dentro y alrededor de la zona ha generado una alta presión sobre los bosques, con altos índices de extracción de leña, incendios forestales e incidentes de tala y caza furtiva”.
Los administradores de la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra), revelan que “todos los años se reportan nuevas construcciones en la zona, debido a que el 80 por ciento de la reserva es propiedad privada y la mayor parte de los terrenos se localizan en el área de amortiguamiento, donde la Ley del Medio Ambiente permite el uso de las tierras”. El Parque Nacional La Tigra fue declarado la primera área protegida de Honduras en 1980.
“Cuenta con un patrimonio forestal de 24,040 hectáreas, donde se produce el 30 por ciento de agua que abastece el noreste de Tegucigalpa y 104 caseríos de los municipios de Cantarranas, Valle de Ángeles y Santa Lucía”. “Durante la temporada seca del año pasado, el Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor) advirtió que en la zona colindante con La Tigra las quemas se deben a intentos de expansión urbanística”. ¿Si es reserva forestal protegida no se explica cómo se tolera ese irresponsable abuso y semejante displicencia de la autoridad?
