Por Edmundo Orellana
Así tituló Italo Calvino el ensayo que resumo en sus partes medulares y que ofrezco nuevamente al distinguido lector, invitándolo, respetuosamente, a reflexionar.
Había un país sostenido por lo ilícito, a pesar de tener un sistema legal y un sistema político asentado en principios que la mayoría declaraba compartir. Su sistema político, articulado en un gran número de centros de poder, necesitaba excesivos recursos financieros- por la costumbre de disponer de mucho dinero no se concebía la vida de otro modo- y la única vía de adquirirlos era la ilícita, solicitándolos de quien los tenía a cambio de favores, el que, a su vez, los había adquirido de favores obtenidos. Por lo que el sistema económico resultaba de algún modo circular y exhibía una cierta armonía.
Este tipo de financiamiento no generaba ningún sentimiento de culpa en esos centros de poder porque, por su propia moral interna, lo que se hacía en interés del grupo era lícito, mejor dicho, loable, porque cada grupo identificaba su propio poder con el bien común. La ilegalidad formal no excluía una legalidad sustancial superior. Por cada transacción ilícita a favor de entidades colectivas es habitual que una parte quede en manos de las personas individuales, como justa recompensa por los servicios de mediación prestados. De ahí que el ilícito que por la moral interna del grupo era lícito, llevaba consigo una franja de ilícito también para aquella moral. Pero debidamente observado, quien se embolsaba una parte tomándola de la comisión colectiva, estaba seguro de que su ganancia personal era consecuencia de una ganancia colectiva, es decir, quedaba convencido, sin hipocresía alguna, que su conducta además de lícita era benéfica.
También tenía un presupuesto oficial dispendioso, alimentado por los impuestos sobre toda actividad lícita, y financiaba lícitamente a quienes lícita o ilícitamente lograban hacerse financiar. Pero nadie estaba dispuesto a quebrar ni mucho menos a poner algo de su parte (y no se ve en nombre de qué se podría pretender que alguien tuviera que poner lo suyo), por lo que las finanzas públicas tapaban lícitamente, en nombre del bien común, los huecos dejados por las actividades ilícitas que también se hacían en nombre del bien común. El cobro de impuestos que en otras épocas y civilizaciones era capaz de estimularse haciendo llamados a los deberes cívicos, aquí era con claridad un acto de fuerza (igual a lo que pasaba en ciertas localidades, donde además del cobro por parte del Estado, existía también el que hacían algunas organizaciones armadas o mafiosas) al que el contribuyente se resignaba para evitar mayores daños, a pesar de sentir -en lugar del alivio de una conciencia tranquila- la desagradable sensación de una complicidad pasiva con la pésima administración pública y con los privilegios de las actividades ilícitas, por lo general exentas de toda carga impositiva.
Una que otra vez, cuando menos se esperaba, un tribunal resolvía aplicar la ley, provocando pequeños terremotos en algunos centros de poder, incluso arrestos de quienes se consideraban intocables. La sensación que provocaban estos casos, en lugar de la satisfacción por el triunfo de la justicia, era la sospecha de que se trataba de un ajuste de cuentas, de un centro de poder contra otro centro de poder. Difícil resultaba saber si la aplicación de la ley era un arma en las batallas internas entre distintos intereses ilícitos o si los tribunales querían, por su parte, demostrar que también eran centros de poder con intereses que defender.
Ambiente propicio era para el desarrollo de la delincuencia común y organizada, cuya inserción al sistema tenía el efecto de reforzarlo, convirtiéndose en un puntal indispensable del mismo. Todas las formas de lo ilícito, desde la más divertida hasta las más feroces, se aglomeraban en un sistema que tenía su estabilidad, solidez y coherencia, y en el que muchísimas personas podían hallar su propio provecho práctico, sin perder la ventaja moral de sentirse con la conciencia tranquila.
Sus habitantes habrían podido declararse, pues, unánimente felices, de no haber sido por una categoría de ciudadanos -numerosos, por cierto- a los que no se sabía qué papel atribuir: los honrados. Pero no lo eran por principios patrióticos, sociales o religiosos, sino por costumbre mental y eran los únicos, en ese país de gentes de conciencia tranquila, que vivían preocupados, pero convencidos de que no habría mejoría.
¿Se resignaban a la extinción, los honrados? No. Porque así como se había perpetuado la antisociedad de los delincuentes por milenios, sin pretensiones de sustituir la sociedad, sino únicamente de sobrevivir en los pliegues de la sociedad dominante y la de afirmar su existencia en contravía de los principios consagrados; así también la antisociedad de los honrados tal vez sería capaz de persistir todavía por siglos, al margen de los hábitos corrientes, sin otra pretensión que la de vivir su propia diversidad, la de sentirse distintos de todo el resto, y de este modo a lo mejor habría acabado por significar alguna cosa, algo esencial para todos, por ser una imagen de algo que las palabras ya no saben nombrar, de algo que todavía no ha sido dicho y todavía no sabemos qué es.
Si Ud., distinguido lector, encuentra alguna similitud con nuestra realidad lo invito a que digamos juntos: ¡BASTA YA!
