Por: Edmundo Orellana
Este gobierno es, ciertamente, el que más atentados al sistema legal y político acumula de todos los que hemos tenido desde el advenimiento del régimen constitucional.
Ninguno atropelló con tanta brutalidad las formas y formalidades legales ni logró controlar tan férreamente el poder público, como el actual. Ni siquiera el que desfiguró aquel jefe castrense que abanderó la causa del anticomunismo, instituyendo la política de “seguridad nacional”, con su repugnante modus operandi (capturas sin orden judicial, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etc.), causó tanto daño por tanto tiempo, puesto que bastó su defenestración para retomar el cauce de la legalidad, aunque en su efímero reinado los políticos mostraron de lo que están hechos, al someterse a sus caprichos mansamente, como cuando ordenó que reformaran varios artículos de la Constitución porque se le antojó cambiar el título de su cargo (en adelante se denominaría Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas).
Fuera de ese oscuro, pero brevísimo período, ningún gobierno llegó a los extremos de este. Entre estos, los siguientes: se desfiguró la República creando un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presidido por el Jefe de Estado y al que se someten los titulares de los demás poderes del Estado y el titular del MP; se atropelló la Constitución destituyendo magistrados de la Corte Suprema sin tener competencia para ello y declarando su inconstitucionalidad para allanar el camino a su reelección; mediante reforma constitucional decidió mutilar el territorio nacional para entregarlo a empresas extranjeras bajo la modalidad de “ciudades modelo”, proyecto que afortunadamente no avanza; militarizó parte de la jurisdicción penal en la denominada Policía Militar del Orden Público, cuerpo armado al que se asignan jueces y fiscales, y que recibe órdenes directas, según su ley constitutiva, del Jefe de Estado; concentró en su Despacho el control a priori sobre el presupuesto por medio de una unidad a la que respondían (hasta hace algunos meses) las auditorías internas de los ministerios e instituciones autónomas; también concentra el control de las transacciones del sistema financiero por medio de una dependencia de la Presidencia denominada Comisión Nacional de Bancos y Seguros; logró que los políticos corruptos quedaran fuera del alcance de los tribunales, con leyes que convierten el delito en un préstamo civil e inhabilitan al MP y al Poder Judicial para conocer la corrupción anterior a la fecha de esas leyes, mientras el TSC no se pronuncie. Podría seguir, pero el espacio no sería suficiente. Basta, entonces, con lo expuesto.
A la empresa privada, además de hostigarla por sus “pecadillos fiscales”, pretende sustituirla en las contrataciones públicas, mediante la irrupción de políticos que usan testaferros y empresas de maletín, y que, junto con algunos empresarios, forman las redes de corrupción que puso al descubierto el binomio MACCIH-UFECIC.
Hasta el sector religioso inoculó con su ponzoña. Hay un sector importante de las iglesias cristianas sometido totalmente a los caprichos del gobierno, sin importarle lo que su congregación opine. Es más, algunos pastores personalmente han sido favorecidos con contratos públicos simulados, según lo informado por el Tribunal Superior de Cuentas.
Se infiltraron en la sociedad civil, creando organizaciones para apoderarse del sector e imponer su presencia para liderar aquellas iniciativas que son de su conveniencia y para canalizar fondos públicos hacia las campañas electorales, como evidenció -otra vez- el binomio MACCIH-UFECIC, generando, entre la población, la percepción de que el sector se envileció.
Con la oposición política viene jugando desde hace mucho, imponiendo la agenda política y orillándola a actuar según su interés, como en el caso de las reformas electorales, que, según lo trascendido, serán muy favorables al gobernante.
En este contexto no sorprende lo que ocurre con el manejo de los fondos públicos para atender la emergencia provocada por la pandemia. Lo extraño es la ligereza con la que se contrata la adquisición de bienes y servicios no materiales, como si viviésemos en un país en el que el funcionario está consciente de que la ley jamás lo alcanzará.
En el caso de los hospitales móviles no hay un responsable. Es evidente que son más porque muchos participaron en los procesos de decisión previos a la contratación y no todos son funcionarios públicos. Debe tenerse presente que la responsabilidad no solo es por acción; también se es responsable por omisión.
En todo caso, ahora todo está en manos del MP, que debe actuar sin excusas para deducir las responsabilidades penales a quienes corresponda, incluidos los funcionarios que, sin fundamento legal alguno, obstruyan las investigaciones que realiza.
Post scriptum: expreso mis condolencias a la familia del licenciado Boris Zelaya por su fallecimiento; distinguido compañero columnista de LA TRIBUNA.
