Rafael Delgado
Lo que sorprende en cuanto a los funcionarios de las principales instituciones públicas del país no es que renuncien o sean apartados de sus obligaciones. Todo lo contrario, lo sorprendente es que esto no haya ocurrido antes. Problema tras problema, escándalo tras escándalo, inacción y errores en cadena se han convertido en la normalidad en asuntos tan importantes como la administración de los recursos públicos del país. Ante eso, la respuesta del círculo de poder, enfrentado con el resto del país, siempre ha sido de justificación; de ignorar y de tratar de esconder los problemas de las instituciones y sus funcionarios.
Qué mal para el país, viviendo bajo innumerables circunstancias adversas, que se agravan por esa actitud de la cúpula política que ha secuestrado las estructuras públicas sin capacidad mucho menos voluntad para enmendar. Y es que con una cadena importante de pesos en su contra, para los que mandan ya no se trata de ejercer sus funciones en un afán permanente y exclusivo de gobernar para todos. En gran medida, el ejercicio del poder se ha vuelto un medio para conseguir quedarse allí, para no entregarlo jamás, o en el peor de los casos para dejar las cosas arregladas antes de abandonar la palestra. Bajo esa dinámica condicionadora se produce la actividad de las instituciones y sus autoridades.
Pero hay una situación también importante de agregar. La base política del círculo gobernante es cada vez más estrecha. Los nacionalistas expertos y de prestigio ya tiempos partieron. No están a la disposición en este ambiente de división y planes desestabilizadores. Tampoco en los círculos políticos fuera del Partido Nacional existen profesionales serios que pudieran atreverse a enrolarse en las huestes del gobernante cachureco. No queda más que la rotación, la asignación de varias funciones a los pocos leales y el reclutamiento de inexpertos en las funciones vacantes.
La renuncia de la secretaria de Finanzas y su rápida sustitución debe interpretarse, bajo estas circunstancias de desprestigio político rotundo del gobernante y su círculo de poder que, si en algún momento alguien les creyó, ahora es apabullante el repudio y la desconfianza que se le tiene. En esta Honduras quienes los sostienen son las mismas instituciones públicas que están a su servicio, no por respeto o compromisos democráticos, sino por un complicado entramado de intereses mutuos, favores y miedos comunes que los hace agruparse, defenderse y callar cuando conviene.
Desde hace mucho tiempo la política fiscal es una caricatura de lo que debería ser. Pero las palmaditas de aliento que les da el FMI, que les dice que van por buen camino cada vez que vienen, ha sido la señal que han utilizado para inventarse un supuesto éxito de la política fiscal y monetaria. Sin embargo, nada más descabellado creer eso frente a un incremento sustancial del endeudamiento público que ya rebasa el 50% del PIB y que desde ya varios años compromete sumas altísimas de la recaudación fiscal. ¿Dónde se gastó ese dinero de la deuda pública externa? Han elevado además la recaudación tributaria a niveles jamás antes vistos en los últimos años, sin ningún mejoramiento en la justicia tributaria; las exoneraciones injustificadas y la defraudación siguen su curso. Además ¿dónde está el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales? ¿Funciona mejor la institucionalidad pública ahora? Se ha creado una cantidad de fideicomisos que son una fuente más de la discrecionalidad creciente con que se utilizan los fondos públicos. Debilitaron las instituciones y alentaron con esos presupuestos públicos récords las pasiones de muchos en la política y en los negocios que descubrieron una fuente más de donde sacar provecho. Esas son las ejecutorias en materia económica que ahora con la pandemia, pesarán mucho más sobre los hombros de los hondureños, para quienes la renuncia y la sustitución no vendrán a cambiar en nada el rumbo equivocado que ya tiempos debió corregirse.
